El 29-N votaremos a crédito 

Cuando prometer no tiene ningún coste para quien promete, lo normal es que los programas acaben pidiendo más dinero del que hay

Cada vez que los neerlandeses van a las urnas, los partidos envían antes su programa al Centraal Planbureau (CPB), la oficina pública de análisis económico, que calcula cuánto costaría cada promesa y cómo afectaría al déficit, a la deuda y al empleo. La ley no les obliga a hacerlo, pero la costumbre está tan arraigada desde los años ochenta que quedarse fuera se interpreta como una señal de que el programa tiene algo que ocultar. En España, cuando falta poco más de una semana para las elecciones del 29 de noviembre, ningún partido con representación en el Congreso ha publicado una memoria económica completa de sus propuestas. 

Para suplir esa carencia, en el Instituto Ostrom hemos evaluado los programas con el método del CPB y del Institute for Fiscal Studies británico, que aplica a todos los partidos el mismo escenario base y las mismas reglas. La conclusión es que ninguno de los programas que pueden cuantificarse es compatible con los compromisos fiscales que España ha asumido ante Bruselas. A mi juicio, la explicación tiene menos que ver con la ideología de cada partido que con la forma en que se compite en campaña: cuando prometer no tiene ningún coste para quien promete, lo normal es que los programas acaben pidiendo más dinero del que hay. 

Según nuestra estimación central, el programa que menos empeoraría las cuentas públicas es el del PNV, con un coste neto de unos 8.500 millones de euros al año, el 0,46% del PIB, y el más caro es el de Vox, con unos 68.400 millones, el 3,70%. Entre ambos se sitúan el PP (0,59%), EH Bildu (0,68%), el BNG (1,25%), el PSOE (1,30%), Junts (1,42%), Frente Amplio (1,90%), Podemos (2,03%) y ERC (2,44%). Son órdenes de magnitud, porque ningún partido ha detallado sus cuentas, pero las distancias entre programas superan con creces el margen de error. 

La situación de partida ya es delicada. Con las nuevas reglas europeas, Bruselas vigila sobre todo el ritmo al que crece el gasto que controla el Gobierno, descontado el efecto de los cambios de impuestos. España se comprometió a que ese gasto aumentara un 3,2% anual de media entre 2026 y 2028, pero la AIReF prevé que, si no cambian las políticas, crecerá un 5,7%. El Gobierno que salga de las urnas tendrá que encontrar unos 10.700 millones de euros en 2027 solo para cumplir lo que ya está firmado. Y como la regla trata una rebaja de impuestos igual que un aumento del gasto, todos los programas ensanchan la desviación: con el del PNV, el gasto crecería un 6,1% anual, y con el de Vox, un 8,7%. 

Hace más de un siglo, el economista italiano Amilcare Puviani llamó «ilusión fiscal» a la tendencia de los ciudadanos a ver con claridad los beneficios del gasto público e infravalorar lo que cuesta. En los años setenta, James Buchanan y Richard Wagner partieron de esa idea para explicar por qué las democracias acumulan déficits: los beneficios de una promesa son visibles e inmediatos, y sus costes se reparten entre muchos contribuyentes y se aplazan. Si nadie certifica el precio de cada medida, los partidos compiten ofreciendo beneficios, y la factura la acaba pagando el Gobierno que tenga que ajustar o el contribuyente futuro a través de la deuda. Según el programa que se aplique, la deuda pública se situaría en 2036 entre el 98,3% y el 123,6% del PIB, cuando sin cambios bajaría hasta el 94%. 

La financiación tampoco cuadra. Los partidos que proponen bajar impuestos no explican qué gasto recortarían, y los que proponen aumentar el gasto solo identifican ingresos plausibles para cubrir, en el mejor de los casos, un 27% del coste. Y ningún programa corrige el desequilibrio de las pensiones, que, según la AIReF, llevaría la deuda al 123% del PIB en 2050. 

El argumento más sólido contra este tipo de ejercicios es que un programa electoral es una declaración de intenciones y no un presupuesto. Como las negociaciones para formar Gobierno recortan buena parte de las promesas, sumar el programa entero exagera su coste. La objeción tiene fundamento, pero si las promesas se negocian una a una, el votante necesita conocer el precio de cada una, y el ajuste de 10.700 millones habrá que hacerlo aunque nadie prometa nada. 

El ejemplo neerlandés demuestra que este control puede funcionar sin obligar a nadie. La participación es voluntaria, pero los partidos presentan sus propuestas en un formato común, el evaluador goza de prestigio técnico y los resultados se publican antes de la votación, de modo que negarse a pasar por el CPB acaba saliendo más caro que hacerlo. España ya tiene la institución, la AIReF, que funciona desde 2013; le faltan el mandato y un procedimiento que le permita hacer el trabajo en las pocas semanas que a veces separan la convocatoria de las elecciones. Por eso, desde el Instituto Ostrom proponemos que la AIReF evalúe los programas que los partidos quieran entregarle de forma voluntaria, acompañados de una memoria económica estandarizada. 

Mientras eso no ocurra, votaremos como lo haremos el 29-N: eligiendo entre programas cuyo precio solo conoceremos cuando el nuevo Gobierno presente su primer Presupuesto. 

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