Un cártel con sello del BOE 

El viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución que obliga a todas las almazaras españolas a guardar el 12% del aceite que produzcan desde noviembre, unas 188.000 toneladas. No podrán venderlo antes del 30 de septiembre de 2027. Es la primera vez que el Gobierno activa este mecanismo, y lo estrena en una campaña con una cosecha estimada de 1,6 millones de toneladas, un 23% más que la anterior. Después de dos campañas de precios récord, el aceite empezaba a abaratarse. El Ministerio de Agricultura ha decidido frenar esa bajada.

«Si las almazaras pactaran entre ellas retener doce de cada cien litros para sostener el precio, la CNMC las multaría por cártel».

Durante la sequía, al consumidor se le explicó que el precio reflejaba la falta de lluvia, los costes del campo y la necesidad de pagar al agricultor. Ahora que sobra aceite, esa misma lógica debería jugar a su favor, y el Gobierno ha intervenido para evitarlo. Si las almazaras pactaran entre ellas retener doce de cada cien litros para sostener el precio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las multaría por cártel. El Ministerio les ha impuesto exactamente eso y lo ha llamado norma de comercialización.

Friedrich Hayek explicó en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) que los precios son la manera más barata que tiene una economía de transmitir una información que nadie posee entera. El aceite caro de la sequía pidió a las familias que lo usaran con más cuidado y atrajo aceite tunecino al mercado español. El barato de hoy transmite el mensaje contrario: hay de sobra, los hogares que se pasaron al girasol pueden volver y hay clientes que ganar en el exterior. La retención del 12% deja el aceite en los depósitos y el aviso, a medio camino. 

Los productores reclamaban la medida por una razón que el estadístico inglés Gregory King ya describió en el siglo XVII: una mala cosecha de trigo disparaba su precio mucho más de lo que caía la cantidad. Con el aceite ocurre lo mismo. Cuando el litro superó los 9 euros, el consumo de los hogares solo cayó un 15%, según el ministro Luis Planas. Con una demanda tan rígida, vender un 12% menos puede hacer que el sector ingrese más. Ninguna almazara puede lograrlo sola, porque la vecina vendería lo que ella guarda. Esa tentación de bajar el precio para colocar más producto se llama competencia, y es la mejor defensa del consumidor. La resolución la deja en suspenso durante once meses. 

La factura sigue un camino conocido: la almazara inmoviliza su parte, el envasador paga más por el granel y lo traslada al lineal, y la familia sigue comprando casi lo mismo. El golpe es mayor en los hogares que dedican a la comida una parte más grande de sus ingresos, y por eso la propia CNMC pidió en octubre especial atención a las rentas bajas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 8,5% de la población llega a fin de mes con mucha dificultad. 

España ya conoce otra fórmula. En 2019, con existencias excepcionalmente altas, recurrió a la ayuda europea al almacenamiento privado: las almazaras que lo deseaban guardaban aceite durante 180 días a cambio de una compensación. Se almacenaron casi 200.000 toneladas, un volumen parecido al actual, por 26,9 millones de euros que figuraban en un presupuesto y que cualquiera podía discutir. Esta vez la cuenta llegará en el tique de la compra, repartida en millones de compras demasiado pequeñas para que alguien proteste. Mancur Olson lo resumió así: beneficios concentrados, costes dispersos. 

Almacenar cuando sobra puede tener sentido, siempre que lo decida quien arriesga su dinero. Jaén albergó entre 2004 y 2014 un mercado de futuros del aceite de oliva, donde una almazara podía fijar hoy el precio al que vendería meses después; recuperar ese instrumento protegería mejor al agricultor que cualquier retirada obligatoria. Una almazara que temía una caída de precios vendía futuros y dejaba fijado su margen. Un envasador que temía una subida compraba futuros y dejaba fijado su coste. Así, daba estabilidad de precios a los operadores que querían planificar sin sobresaltos en épocas de volatilidad.  

El olivar tradicional, el que peor soporta estos precios, ya cobra pagos directos de la PAC y, desde 2023, una ayuda asociada específica de unos 27,5 millones de euros anuales. Si se quiere protegerlo más, la vía es reforzar esas ayudas en un presupuesto que se vote y se vea. Mientras tanto, el precio debería poder hacer su trabajo. Al consumidor se le pidió paciencia cuando el litro costaba más de 9 euros. El BOE del viernes le pide ahora que siga pagando como si no hubiera llovido.