Promesas sin factura 

Alberto Núñez Feijóo cerró el sábado su precampaña en Vigo prometiendo IVA cero para los alimentos básicos y la luz «mientras dure la inflación». Ese mismo día, Ada Colau se estrenaba en Madrid como candidata de Frente Amplio garantizando que ninguna pensión quedará por debajo del salario mínimo. Las dos medidas cuestan miles de millones de euros al año. Feijóo no dio ninguna cifra, y la que dio Colau no cuadra con los datos de su propia coalición. 

Youssef Benzarti, Dorian Carloni, Jarkko Harju y Tuomas Kosonen mostraron en el Journal of Political Economy (2020) que las subidas del IVA se trasladan a los precios con más intensidad que las bajadas, de modo que una rebaja temporal puede dejar al consumidor con menos ahorro a la ida que coste a la vuelta. 

Colau puso número a su propuesta de aumentar las pensiones, unos 10.000 millones al año que se pagarían con un impuesto del 2% a los patrimonios de más de un millón de euros y con una tributación mínima para las grandes empresas. Los datos de Frente Amplio bastan para comprobar que la cifra se queda corta. La coalición cuenta 4,6 millones de pensionistas que cobran menos que el salario mínimo, de 1.221 euros, y dos millones que no llegan a 900. Llevar solo a esos dos millones hasta el salario mínimo cuesta al menos 9.000 millones al año en catorce pagas, con lo que a los otros 2,6 millones les correspondería, del dinero restante, menos de 28 euros al mes por persona. 

Ninguna de las cuatro principales candidaturas al 29N ha presentado una propuesta económica que aguante diez minutos delante de una hoja de cálculo. Economistas para hacer esas cuentas no les faltan. Si no las publican, es porque, en una campaña en la que nadie las comprueba, hacerlas bien no da un solo voto. 

Vox recorre el camino contrario, el de recaudar mucho menos, con la misma despreocupación por los números. José María Figaredo calcula que su reforma del IRPF, con un mínimo exento de 22.000 euros y dos tipos del 15% y del 25%, costaría 46.000 millones, y Hacienda la sitúa en 85.000. Nuestro cálculo en el Institut Ostrom, con datos de la AEAT, coincide con el del Ministerio, y si se suman las rebajas de IVA y de Sociedades, el paquete completo ronda los 118.000 millones al año, más que todo el gasto público en sanidad. Vox sostiene que lo financiará recortando subvenciones. Suprimir por completo el Ingreso Mínimo Vital, la cooperación al desarrollo, las políticas activas de empleo y las becas apenas cubriría el 13% de la factura. 

Al partido que gobierna cabría exigirle más, porque tiene a su alcance todas las estadísticas del Estado. Pedro Sánchez repitió en La Revuelta y en El País que bajo su mandato se ha construido un millón de viviendas. La serie del Ministerio de Vivienda registra unas 726.000 terminadas desde junio de 2018. Un diagnóstico que arranca de un dato inflado casi un 40% difícilmente conduce a la receta correcta. 

La coincidencia de los cuatro partidos tiene una explicación que George Akerlof formuló en 1970 a propósito de los coches de segunda mano. Cuando el comprador no sabe distinguir un coche en buen estado de uno averiado, ofrece por cualquiera el precio de uno averiado, y quien tiene un buen coche acaba retirándolo del mercado. En campaña ocurre algo parecido, porque el votante no tiene manera de saber si los 10.000 millones de Frente Amplio o los 46.000 de Vox están bien calculados y descuenta todas las cifras por igual. Así, el partido que presenta un coste honesto compite en desventaja con el que promete el doble sin enseñar las cuentas. El precio de esa competición aparece dos o tres presupuestos más tarde, sobre una deuda pública que ya ronda el 100% del PIB. 

Países Bajos lleva cuarenta años tratando este asunto como un problema de información. Desde 1986, su oficina pública de análisis económico, el CPB, calcula el efecto presupuestario y macroeconómico de los programas de los partidos que se lo piden. En 2021 se sometieron a esa evaluación diez partidos, con cerca de 2.000 medidas. Nadie está obligado a participar, y esa voluntariedad da fuerza al sistema, porque el partido que no entrega su programa le está diciendo al votante que prefiere que nadie revise sus cuentas.  

Para las siguientes elecciones bastaría con que el Gobierno que salga de las urnas, sea del color que sea, encargara a la AIReF lo que el CPB holandés hace desde 1986. La próxima vez que un candidato suba al atril en Vigo o en Madrid, el público que aplaude sabría cuánto le va a costar cada promesa.