Pensiones: justificar lo injustificable   

En la última semana de enero, unos nueve millones y medio de pensionistas verán subir su pensión en torno a un 3,5%. Nadie habrá tenido que negociarlo: la ley obliga a revalorizarlas con la inflación media del año. Un trabajador de 30 años no tiene esa garantía, y en términos reales cobra menos que alguien de su edad hace veinte años, como ocurre en todos los tramos de edad. La pensión media de jubilación del régimen general, en cambio, acumula en ese tiempo una subida real superior al 25%. 

Dos décadas de esa asimetría han dejado a España en una situación singular: es prácticamente la única economía avanzada de Europa donde la renta mediana de los mayores de 65 años supera a la de la población en edad de trabajar. Para saber si eso es justo hay dos varas de medir. Una aproximación –la contributiva– trata las pensiones como un contrato entre generaciones; la otra –la redistributiva–, como una red para quien no puede valerse por sí mismo. El sistema español no pasa ninguna de las dos pruebas. 

Con la primera aproximación, la del criterio contributivo, cada generación paga las pensiones de la anterior a cambio de un trato parecido cuando le llegue el turno. En un sistema de reparto, ese trato tiene un techo: a largo plazo, lo que se devuelve a cada generación no puede crecer más deprisa que la economía que lo financia. José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu (FEDEA, 2025) calculan que quienes se jubilaron en 2023 obtienen una rentabilidad real del 3,6% sobre lo cotizado. Pablo García-Guzmán (Esade EcPol) estima que la economía española sólo puede sostener en torno a un 1,7%. En términos actuariales, las pensiones están entre un 45% y un 65% por encima del valor actual de sus cotizaciones pasadas, descontando el riesgo de mortalidad.  

Incluso con el cálculo más prudente, el sistema promete unos 130 euros por cada 100 que podría pagar de forma sostenible. Esos 30 euros los paga alguien. La AIReF prevé que el gasto en pensiones pase del 13% al 16,4% del PIB en 2050 y que unas tres cuartas partes del aumento se cubran con transferencias del Estado: impuestos o deuda que pagarán quienes hoy empiezan a cotizar. A ellos ya se les cobra, además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un recargo sobre el salario que no genera derecho a pensión alguna. El contrato sigue vigente para quien cobra; para quien paga, se reescribe cada año sin consultarle. 

La segunda aproximación, la redistributiva, heredera del informe Beveridge, exige una vejez digna para todos, hayan cotizado o no. Pero también obliga a preguntarse por el coste de oportunidad: si ese dinero aliviaría más necesidades en otra parte. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) es del 33,9% entre los menores de 16 años, del 25,9% entre los 16 y los 64 y del 19,2% entre los mayores de 65.

Entre los jubilados baja al 15,4%, por debajo incluso del 16,4% de los ocupados. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, entre 2002 y 2022 la riqueza neta mediana real cayó en todos los grupos de edad salvo en el de los mayores de 65. 

El Estado reparte según señales visibles: tener hijos, una discapacidad, cierta edad. George Akerlof llamó a esta estrategia tagging, etiquetado, en 1978. Cuando se construyó el sistema, la edad era una buena etiqueta: todavía en 2005, el 28,8% de los mayores españoles vivía por debajo del umbral de pobreza, diez puntos más que la media europea, según Funcas. Hoy la misma etiqueta señala al grupo con menos probabilidades de ser pobre, y el dinero acaba yendo de los grupos que viven peor al que vive mejor. 

Una reforma de las pensiones que quiera pasar las dos pruebas, la contributiva y la redistributiva, debe separar lo que hoy el sistema mezcla. La pensión mínima debería conservar su poder adquisitivo y pagarse con impuestos, porque es una política contra la pobreza. El resto de pensiones deberían depender de lo cotizado, mediante cuentas nocionales ajustadas a la esperanza de vida y a la demografía.

Es, en esencia, el diseño sueco: una pensión de garantía financiada con el presupuesto y, por encima, un sistema de cuentas nocionales con un mecanismo de equilibrio automático, el «freno», que recorta las revalorizaciones cuando las obligaciones del sistema superan a sus activos. Nació de un pacto de cinco partidos en 1994, ha sobrevivido a gobiernos de ambos signos y aguantó su primera activación, en plena crisis de 2010. En España, en enero, la subida llegará a la cuenta de cada pensionista sin que nadie haya preguntado cuánto cotizó ni cuánto la necesita.