Pensiones con Sánchez: los jubilados cobran más, pero la factura amenaza a sus nietos

La pensión media de jubilación ha pasado de 1.107 a 1.575 euros desde 2018. El poder adquisitivo ha mejorado, pero el coste mensual del sistema supera ya los 14.498 millones y su sostenibilidad continúa sin resolverse.

Pedro Sánchez ha convertido las pensiones en uno de los principales argumentos de su campaña electoral. Su mensaje es sencillo: mientras gobierne el PSOE, los jubilados conservarán su poder adquisitivo. Los datos confirman una mejora importante, pero también muestran una factura creciente que pagarán los trabajadores actuales y las generaciones futuras.

Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, España abonaba aproximadamente 9,7 millones de pensiones contributivas. La nómina mensual se situaba al terminar aquel año en 9.318 millones de euros y la pensión media de jubilación alcanzaba los 1.107 euros.

En septiembre de 2026, el sistema paga 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas. La nómina mensual asciende a 14.498 millones y la pensión media de jubilación llega a 1.575 euros.
La comparación ofrece tres conclusiones inmediatas. El número de pensiones ha aumentado alrededor de un 9%; la pensión media de jubilación, un 42%; y el coste mensual total, aproximadamente un 56%.

Una mejora real para los jubilados

Sería injusto negar el principal éxito de la gestión de Sánchez. La vinculación de las pensiones al IPC ha protegido a los jubilados durante el periodo inflacionista. Las contributivas subieron un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026. Las pensiones mínimas han recibido incrementos superiores.

Entre finales de 2018 y septiembre de 2026, los precios aumentaron aproximadamente un 29%. Como la pensión media de jubilación creció cerca del 42%, la ganancia real de poder adquisitivo rondaría el 10%.

El pensionista medio cobra, por tanto, más euros y puede comprar algo más que en 2018. No se trata solamente de una ilusión monetaria provocada por la inflación. La mejora existe y debe reconocerse.

También ha aumentado la afiliación. España supera los 22,4 millones de cotizantes, varios millones más que cuando Sánchez llegó al Gobierno. La inmigración y la creación de empleo han reforzado los ingresos por cuotas y la ratio se sitúa alrededor de 2,4 cotizantes por pensionista.

La factura no desaparece

El problema es que elevar las pensiones no equivale a garantizar su financiación futura. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha reconocido el cumplimiento formal de la regla de gasto, pero advierte de que la sostenibilidad del sistema no ha mejorado.

El Gobierno ha optado por aumentar los ingresos. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional aplica una cotización adicional a empresas y trabajadores destinada al Fondo de Reserva. También se elevan progresivamente las bases máximas y se introduce una cotización de solidaridad sobre los salarios más altos.

Estas medidas aportan recursos, pero tienen un coste. Una cotización empresarial forma parte del coste laboral, aunque no aparezca en la nómina neta del trabajador. Si contratar resulta más caro, las empresas disponen de menos margen para aumentar salarios, invertir o crear empleo.

Además, una parte creciente de las pensiones se financia mediante transferencias del Estado. Cambiar el dinero de una caja a otra puede ordenar las cuentas, pero no elimina la obligación: aquello que no pagan las cotizaciones se cubre con impuestos o deuda pública.

El desequilibrio entre generaciones

La discusión no debe enfrentar a jóvenes y jubilados. Quienes han cotizado durante décadas tienen derecho a recibir su pensión y a no perder poder adquisitivo. El problema consiste en prometer prestaciones crecientes sin explicar con la misma claridad quién las financiará.

Muchos jóvenes pagan cotizaciones más elevadas mientras afrontan salarios modestos, alquileres prohibitivos y enormes dificultades para formar una familia. Se les exige sostener unas pensiones actualizadas con el IPC sin ofrecerles la certeza de que recibirán el mismo trato cuando se jubilen.

La edad efectiva de acceso a la jubilación ha aumentado hasta aproximadamente los 65,4 años y las jubilaciones demoradas ganan peso. Son avances razonables, pero insuficientes frente a la retirada de la generación del «baby boom» y una natalidad persistentemente baja.

El balance de Sánchez

La gestión de Sánchez presenta una cara socialmente exitosa y otra financieramente preocupante. Ha protegido el poder adquisitivo de los pensionistas, elevado las mínimas y aumentado el empleo. Son méritos reales.

Pero no ha resuelto la sostenibilidad. La nómina mensual ha crecido más de un 55% desde 2018, la financiación depende cada vez más de nuevas cotizaciones y transferencias públicas, y la AIReF continúa alertando del desequilibrio futuro.

Sánchez puede afirmar que los pensionistas viven mejor que en 2018. Lo que no puede asegurar es que sus nietos recibirán las mismas prestaciones sin pagar muchos más impuestos, trabajar durante más años o asumir una deuda mayor.

Blindar las pensiones proporciona votos hoy. Garantizarlas exige decir la verdad sobre su coste mañana.