Democracia defectuosa

Un nuevo escándalo sacude la vida política y social de nuestro país. Se acaba de conocer lo que muchos, sobre todo las víctimas del terrorismo, venían denunciando desde hace tiempo: el trato de favor, el enjuague, entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el mundo que rodea y protege a los presos de ETA. Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de Ciudadanos, que homenajeaba hace unos días en Andoain (Guipúzcoa) a su hermano Joseba, asesinado por ETA hace 19 años, describe así la situación: 

“Otegi y su entorno no se equivocan de prioridades. A cambio de votos consiguen un trato colectivo y político de favor, de privilegios y si nos descuidamos, de impunidad para los presos por terrorismo. Es el cortoplacismo del poder de Sánchez. Sin ideas, sin valores, sin principios, frente a una estrategia de largo alcance de los herederos de ETA. Sin escrúpulos. Las otras prioridades de Otegi son la no condena del pasado, para acumular fuerza, para blanquear el pasado, para reescribir la historia y, una vez solventado el tema de los presos, volver a generar un gran problema político con el derecho de autodeterminación y el ataque a las instituciones. Y, sobre todo, a lo que significa la democracia española desde la transición”.  

Y no pasa nada, de momento. Un escándalo sucede a otro. Una irregularidad se tapa con otra y una condena por corrupción anula la del político rival. Ya pueden estar la gasolina y la electricidad por las nubes que seguiremos resistiendo como unos campeones. Y si se conocen ahora los detalles de las obscenas conversaciones entre destacados miembros del Ministerio del Interior y del entorno de la organización terrorista es porque a alguien le interesa sacar de nuevo el comodín de ETA: “Les deben ir mal las encuestas en Castilla y León”, dicen los guardianes de la comunicación, los expertos en protegernos para que no nos manchen con tinta de calamar.  

Son los maestros de la impostura. Los que cabalgan contradicciones y dan por buenas una cosa y la contraria: ejercer el acoso contra otros, porque es un derecho, y denunciar el que hacen los demás porque es un delito. Aceptar como demócratas a quienes no condenan la violencia que ellos mismos ampararon y, a la vez, hacer un llamamiento antifascista contra quienes la sufrieron. Negociar con asesinos, porque entra dentro de la ley, al tiempo que se silencia al rival político porque es un enemigo de España. 

Si alguien se siente incómodo porque Pedro Sánchez haya obtenido respaldo en votos a cambio de una política penitenciaria favorable para los presos de ETA siempre puede decir que el PP también pactó con Bildu. Lo hizo en el Ayuntamiento de Vitoria quien fuera su alcalde, Javier Maroto. E incluso José María Aznar llamó “movimiento de liberación” a ETA. Y así nadie se queda atrás. Todos tenemos para dar y tomar. Y no pasa nada. O sí. 

El “índice de democracia” que anualmente publica The Economist desde 2006 ha incluido siempre a España entre las democracias plenas del mundo. Pero en 2021 ha cambiado. Nuestra calificación ha descendido y estamos ahora entre las “democracias defectuosas” del mundo. Cuatro son las razones del informe que alertan del deterioro político que sufrimos como país: La falta de independencia judicial (especialmente la forma de designar a los vocales del CGPJ), la tensión nacionalista en Cataluña, la corrupción que afecta a las dos principales fuerzas del país y, por último, y quizá más importante, la fragmentación parlamentaria. 

Desde fuera nos observan y nos avisan. Se han percatado de nuestra degeneración política. De los indultos a golpistas, del control judicial, de la tolerancia con los violentos…Vivimos tiempos de obediencia y contención. Mascarillas, vacunas y lo que haga falta. Somos un pueblo admirable en muchos aspectos, especialmente cuando, a lo largo de la historia, se ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia. Décadas en las que, ocurriera lo que ocurriera, parecía no pasar nada.  

Pero acababa pasando.