El ingreso mínimo: innecesario y perverso

El Gobierno de PSOE y Podemos aprobó el pasado viernes el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social cuyo objetivo consiste en garantizar por ley un determinado nivel de renta a las familias con menos ingresos y, de este modo, combatir la pobreza.

El problema, sin embargo, es que, además de resultar innecesario, se trata de un mecanismo perverso, ya que incentivará la economía sumergida, cronificará la vulnerabilidad de las familias beneficiarias y, en última instancia, se traducirá en una herramienta para comprar votos.

Su cuantía inicial oscilará entre los 461,5 euros al mes para un solo adulto y un máximo de 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas y cubrirá la diferencia entre los ingresos existentes en cada hogar (incluyendo sueldos y otras prestaciones públicas) y la renta garantizada.

Su coste presupuestario rondará los 3.000 millones de euros al año y beneficiará a cerca de 850.000 familias y un total de 2,3 millones de personas, según los cálculos del Gobierno.

Una medida que pasará factura

Asimismo, su concesión irá ligada a la búsqueda activa de empleo, si bien existe la posibilidad de compatibilizar su cobro con un trabajo remunerado bajo ciertas condiciones, y tendrá carácter indefinido, siempre que el beneficiario cumpla las circunstancias por las cuales ha accedido a la prestación.

Aunque su aprobación ha recibido un amplio respaldo político y social, se trata de un grave error que, tarde o temprano, pasará factura. En primer lugar, porque, a pesar de todo el revuelo mediático que ha generado, el IMV no es necesario.

Las Comunidades Autónomas gestionan desde hace lustros las denominadas rentas mínimas de inserción, que otorgan una prestación similar a cerca de 700.000 personas con escasos ingresos, y cuyo coste se sitúa en 1.500 millones de euros al año.

Lo único que ha hecho el Gobierno, por tanto, es ampliar su reparto y elevar de forma muy sustancial su cuantía, permitiendo incluso que las regiones apliquen complementos a mayores.

El fomento de la economía sumergida

Pero lo más grave es que, lejos de reducir la pobreza relativa, crea fuertes incentivos para postergar la vulnerabilidad que sufren esas mismas familias. Si el único requisito para cobrar dicha prestación es no superar un determinado nivel de ingresos e inscribirse en el servicio público de empleo, muchos optarán por quedarse en el paro para cobrar sin necesidad de trabajar.

La función del antiguo Inem no es colocar parados, sino gestionar el pago de ciertas prestaciones y, dado que el Estado no obligará a los beneficiarios a aceptar un puesto de trabajo, el alto paro estructural que padece España se mantendrá en el tiempo.

Además, fomentará la economía sumergida, ya que no serán pocos los beneficiarios que compaginarán el IMV con empleos no declarados para aumentar sus ingresos sin tener que renunciar a esta nueva renta estatal.

Y todo ello sin contar que, como mínimo, resulta inmoral e injusto que los trabajadores sean machacados a impuestos para sostener mediante una paga pública indefinida a quien se mantiene fuera del mercado laboral. Una cosa es ayudar a quien realmente lo necesita y otra muy distinta establecer una nueva red clientelar con dinero ajeno por puro interés partidista, que es, precisamente, lo que persiguen PSOE y Podemos.

Un plan para encontrar trabajo

El IMV podría tener sentido siempre y cuando se exija a cambio el seguimiento de un plan específico y personalizado para encontrar trabajo, cosa que, en este caso, no sucede en la práctica.

En algunos países nórdicos, la prestación de desempleo tiene también una duración indefinida, pero la diferencia allí estriba en que sus servicios públicos de empleo están externalizados, de modo que son agencias de colocación privadas las encargadas de formar, buscar y encontrar trabajo a los parados, mientras que estos tienen la obligación de aceptar los puestos que se les ofrecen, ya que, en caso contrario, pierden la prestación.

Nada de esto sucede ni sucederá en España y, dado que el mercado laboral sigue siendo uno de los más rígidos del mundo desarrollado, el IMV contribuirá a su enquistamiento.

En realidad, el Ingreso Mínimo es un PER a gran escala. El subsidio agrícola, cuyo cobro está tan extendido en Andalucía y Extremadura, tan sólo ha servido para fomentar el fraude, tanto laboral como fiscal, y despilfarrar ingentes cantidades de recursos públicos con la única finalidad de comprar votos.

Y la cuestión es que ha funcionado extremadamente bien para los intereses políticos del PSOE durante años. Ahora Sánchez lo implantará a nivel nacional con el mismo objetivo.