El inmobiliario pide un pacto de Estado tras el fracaso de los decretos de vivienda: «Ahora toca sumar oferta»
El sector inmobiliario coincide en reclamar una nueva etapa de diálogo tras la derrota parlamentaria de las dos normas
El progreso ha sido impulsado por diversos factores, entre los que destacan la digitalización del mercado y el acceso a información a través de plataformas especializadas.
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El rechazo del Congreso a los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno abre un nuevo escenario para el mercado residencial. Las dos normas, aprobadas por el Consejo de Ministros esta semana, no han logrado superar la votación parlamentaria y quedan derogadas después de apenas unas horas en vigor.
El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, que concentraba el grueso de las medidas sobre protección de hogares vulnerables, alquiler y oferta de vivienda asequible, cayó por 178 votos frente a 172. El segundo, centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento, tampoco consiguió los apoyos necesarios.
El resultado ha provocado una reacción prácticamente unánime entre distintas organizaciones del sector inmobiliario: la caída de los decretos no resuelve el problema de acceso a la vivienda y obliga a abrir una nueva etapa de negociación.
Pisos.com, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña y la patronal FADEI coinciden en reclamar una estrategia de largo plazo que combine la protección de los hogares vulnerables con un incremento de la oferta residencial.
Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, considera que el resultado de la votación vuelve a poner de manifiesto la ausencia de una respuesta estructural a la crisis residencial. «El rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso pone de manifiesto que el problema del acceso a la vivienda sigue pendiente y que será necesario buscar nuevas vías para abordarlo«, señala.
La primera de las normas incluía un amplio paquete de medidas. Entre ellas figuraban una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028, nuevas medidas de protección para personas vulnerables, modificaciones fiscales y refuerzos de la protección de los arrendatarios. También contemplaba la prórroga de determinados contratos de alquiler.
El segundo decreto abordaba específicamente la estabilidad de los contratos de vivienda habitual y la renovación automática de los arrendamientos una vez superado el periodo mínimo previsto legalmente. Su rechazo implica que esas nuevas reglas no se incorporarán al marco jurídico.
Para Font, el debate debe desplazarse ahora hacia el desequilibrio entre oferta y demanda. «El problema de fondo sigue siendo estructural: la demanda continúa siendo elevada y la oferta disponible no crece al mismo ritmo, especialmente en las zonas con mayor presión», explica.
En su opinión, la protección de los hogares vulnerables y el mantenimiento y ampliación del parque de alquiler deben formar parte de una misma estrategia.
Más diálogo y menos cambios normativos
Una reclamación similar llega desde los API de Cataluña. La organización considera que la no convalidación de los decretos debería servir para abrir una etapa de diálogo entre las administraciones, las fuerzas políticas y los distintos agentes del mercado.
Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, sostiene que la caída de las normas permite replantear la forma de abordar la crisis residencial.
«Que estos decretos no hayan sido convalidados no resuelve ninguno de los problemas que tenemos sobre la mesa. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera: sentarnos, escucharnos y trabajar en soluciones que puedan mantenerse en el tiempo», afirma.
Los API defienden que una crisis de esta magnitud requiere continuidad, recursos y acuerdos amplios. La organización reclama sustituir la sucesión de medidas urgentes por una política de vivienda con vocación de permanencia y basada en un análisis de los efectos de las medidas que ya se han aplicado.
El objetivo, según la asociación, debería pasar también por una mayor colaboración entre el sector público y el privado. «La Administración no puede afrontar sola el reto de la vivienda, ni el sector privado puede resolverlo sin unas políticas públicas adecuadas. Necesitamos confianza, seguridad jurídica y colaboración público-privada«, señala Junyent.
FADEI pide avales y suelo para aumentar el alquiler
La patronal FADEI pone el foco en otro de los efectos que, a su juicio, habría tenido la aprobación de los decretos: una mayor fragmentación del mercado del alquiler. La organización sostiene que las nuevas obligaciones sobre los contratos podían aumentar la percepción de inseguridad entre los propietarios y terminar afectando a la oferta disponible.
Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, considera que el rechazo parlamentario evita incorporar esas medidas, pero no constituye por sí mismo una solución para los problemas del mercado. «Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero todavía no se ha aprobado una respuesta útil«, afirma.
La patronal reclama ahora una negociación que incorpore mecanismos para repartir los riesgos entre propietarios, inquilinos y administraciones. Entre sus propuestas figura la creación de un aval público para el alquiler vinculado al inquilino durante toda la vigencia del contrato, además de incentivos fiscales automáticos para los propietarios que ofrezcan viviendas a precios asequibles.
FADEI también plantea medidas específicas para jóvenes y hogares vulnerables, una vía administrativa y judicial más rápida para resolver los casos de incumplimiento contractual, movilización de suelo público y plazos máximos para la concesión de licencias.
La patronal suma a estas medidas la colaboración público-privada para desarrollar vivienda destinada al alquiler y reclama un Pacto de Estado por la Vivienda con objetivos anuales y mecanismos de evaluación.
El denominador común entre las tres organizaciones es, por tanto, el mismo: el rechazo parlamentario de los decretos devuelve el mercado al marco anterior, pero no elimina las dificultades de acceso ni el déficit de vivienda disponible.
La nueva etapa que reclama el sector pasa por combinar la protección social con medidas capaces de ampliar el parque residencial.
Font resume esa posición en la necesidad de actuar simultáneamente sobre varios frentes: «El siguiente paso debería ser avanzar en una estrategia de largo plazo que combine la protección social, la generación de nueva vivienda, la movilización de suelo, la ampliación del parque público y los incentivos necesarios para que las viviendas permanezcan en el mercado del alquiler residencial”.
La caída de los decretos deja así sobre la mesa la cuestión que el sector considera central: cómo aumentar la oferta en las zonas donde la demanda residencial es más elevada sin dejar atrás a los hogares con mayores dificultades de acceso.
