Ktesios garantiza estabilidad para los inquilinos en la compra de 134 VPO en Valencia por 9 millones
La socimi pacta la adquisición de 134 viviendas protegidas por 9 millones en plena consolidación de jurisprudencia sobre el retracto
El CEO de Ktesios Socimi, Henry Gallego. Foto: Ktesios
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Ktesios quiere dejarlo claro desde el principio: la compra del edificio de 134 viviendas VPO en el barrio valenciano de La Torre no supondrá un cambio para sus actuales inquilinos. «Nuestra intención no ha sido ni será cambiar las cosas a los inquilinos. Venimos a profesionalizar la gestión, no a alterar sus condiciones», ha asegurado Henry Gallego, CEO de la compañía, en conversaciones con Economía Digital.
La operación, que incluye también 76 plazas de aparcamiento y 60 trasteros, asciende a 9 millones de euros y está en una fase todavía sujeta a varios hitos legales.
Uno de ellos es clave: la posible intervención de la Generalitat Valenciana a través del ejercicio del derecho de tanteo. «No podemos comprar si no hay una resolución de la Generalitat. Es el vendedor quien comunica a las instituciones, y si ejercen ese derecho, forma parte del proceso legal», ha explicado Gallego.
El edificio cuenta con calificación de vivienda protegida (VPO) hasta 2041, lo que impone límites tanto en el precio de la venta como en el alquiler. Ktesios lo tiene asumido. «No podemos alquilar por encima de los módulos VPO. Estamos alineados con lo que marca la ley, y cumplimos sí o sí», ha señalado el CEO.
El precio medio de las viviendas ronda los 67.000 euros, una cifra considerablemente inferior al valor de mercado estimado, que se sitúa en torno a los 150.000 euros. Aun así, desde la socimi insisten en que no hay afán especulativo: «Entramos para generar rentabilidad, sí, pero con una gestión profesional, responsable y a largo plazo«, explica Gallego.
Ktesios, a aprobar la compra en junio
El contrato de arras ya ha sido firmado, con un primer pago de 900.000 euros, y la compra se someterá a aprobación en la Junta General de Accionistas de Ktesios el próximo 11 de junio. Además, se está realizando la verificación técnica del inmueble.
Desde la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero, ha declarado que se valorará, junto con el Ayuntamiento de Valencia, si procede ejercer el derecho de tanteo una vez se certifique la transacción. Cabe recordar que, en la Comunidad Valenciana, este derecho solo puede ser ejercido por la administración autonómica, no por los inquilinos.
Gallego ha insistido que la compañía no contempla ningún cambio que altere la vida de los residentes. «Hemos firmado un contrato y tenemos tres meses para cerrar todo el proceso. Esperaremos lo que haga falta. Pero queremos que los inquilinos sepan que no vamos a desestabilizar nada. Al contrario, buscamos profesionalizar y dar continuidad», ha concluido.
