SOS de la fotovoltaica al Gobierno

Unef alerta de la falta de financiación de la banca tradicional y reclama un impulso de 1.000 millones hasta que crezca la demanda eléctrica

concurso de acreedores

El sector fotovoltaico reclama al Gobierno que se conceda más financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para evitar quiebras en proyectos renovables. Concretamente, la patronal Unef considera necesario que se concedan en torno a 1.000 millones de euros mediante este tipo de préstamos, ante el rechazo de la banca tradicional a asumir financiación que consideran riesgo mercado.

«Proponemos sistema de créditos ICO que les permita sobrevivir sin financiar en condiciones leoninas, pero tampoco privilegiadas», ha señalado José Donoso, director generalde Unef durante la presentación de su informe anual este martes.

La idea, según ha explicado Donoso, es que este tipo de préstamos financien a proyectos renovables durante tres o cuatro años hasta que la demanda eléctrica suba según las previsiones de nueva demanda, para que los promotores puedan recuperar sus inversiones y no desatar problemas problemas financieros.

Al mismo tiempo, Unef pide también que el ICO financie el almacenamiento. «El almacenamiento es fundamental, especialmente para la salud financiera de las empresas, pero también para los ciudadanos. Tenemos que bajar esos precios de 260 euros por megavatio que se están alcanzando», ha señalado Donoso.

El problema es que la banca tradicional ha cerrado el grifo y ya no otorga financiación para este tipo de proyectos renovables, que considera un riesgo mercado. Por lo que los promotores renovables se encuentran en problemas para hacer frente a sus deudas.

No obstante, el fondo de la cuestión es que cada vez hay un mayor número de horas en el sistema eléctrico en el que esta tecnología solar pierde dinero vendiendo su producción en el mercado. Esta situación refleja un desequilibrio entre la producción renovable y la demanda, al no haber todavía la suficiente capacidad para absorber la energía generada mediante almacenamiento.

«A la banca no le gusta mucho asumir los riesgos de mercado. Entonces, es un caso claro en el que puede entrar la financiación pública cuando no hay esa financiación privada. No estamos hablando ni de créditos preferenciales, ni de bonificaciones ni de subvenciones. Estamos hablando simplemente de condiciones de mercado que asuman ese riesgo y poder encontrar esa financiación», ha añadido Donoso.

Desde la patronal fotovoltaica explican que tan solo un banco estaba financiando hasta ahora riesgo mercado, pero ya considera que ha cubierto ese cupo de financiación.

Tanto para los proyectos menos maduros como para el almacenamiento, el sector calcula que necesitarán unos 315 millones anuales de financiación para cubrir esa brecha de precios hasta que llegue toda la nueva demanda prevista. Lo que supondría entre 945 y 1.260 millones.

Si bien los créditos ICO no son subvenciones, es dinero prestado (se tiene que devolver) a través de un organismo público en condiciones ventajosas respecto a plazos de amortización y tipos de interés más atractivos que los préstamos que se encuentran el mercado.

El ICO proporciona los fondos o avales a los interesados, aunque son los bancos tradicionales los encargados de estudiar la viabilidad de la operación para conceder el dinero.

El sector fotovoltaico pide no prohibir componentes chinos en la UE

Otro de los puntos controvertidos para el sector fotovoltaico llega desde China y la excesiva dependencia tecnológica que existe en la Unión Europea y en España, líder en crecimiento renovable de entre todos los países comunitarios.

Es por ello que desde Unef reclaman frenar la prohibición a la importación de componentes del gigante asiático para no provocar un shock en el mercado.

«Esa debilidad está siendo inconsciente en la Unión Europea, pero tenemos que jugar también con un equilibrio. Tenemos que impulsar la fabricación en Europa, pero sin producir shocks, porque no estaríamos dando un tiro en el pie», ha señalado Donoso.

La Comisión Europea quiere sacar una regulación muy adversa en ciberseguridad, que está en estudio, por la cual se prohibiría la importación de todos los inversores procedentes de China.

«Esto no es que sea una barbaridad, es algo absurdo. Una instalación no es más o menos cibersegura en función de la nacionalidad de donde se ha colocado el inversor. La ciberseguridad depende del hackeo. Y el hackeo no entiende de nacionalidades. Si alguien es capaz de hackear un inversor, puede hackear tanto un inversor alemán como un inversor chino», ha explicado.

En este sentido, el director general de la asociación aboga por hacer las cosas progresivamente: «estamos de acuerdo en que se vaya en la línea de la fabricación local, pero de forma progresiva. Hay que dar financiación a los fabricantes europeos, tanto en capex como en opex, y no se puede sustituir de la noche a la mañana».

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