Barcelona se enfrenta a demandas millonarias por el 'parón' de licencias de Colau

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MORATORIA TURÍSTICA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Barcelona, 02 de julio de 2015 (22:50 CET)

El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta a pagos millonarios a los impulsores de 38 proyectos hoteleros en la ciudad tras aprobar una suspensión en la concesión de nuevas licencias hoteleras. Los propietarios de terrenos y inmuebles que ya habían solicitado el permiso de obras pueden reclamar el "daño emergente" al consistorio. De hecho, algunos de ellos ya preparan acciones legales, ha podido saber 02B.

Los inversores se acogerán al artículo 105 de la Ley de Urbanismo de Cataluña. Según el texto, los terrenos y fincas con certificado de régimen urbanístico –esto es, con el uso hotelero aprobado por la administración—tienen una vigencia de seis meses. Si dentro de este periodo se altera la condición del documento, pueden reclamar el coste de todo el proyecto.

"Los inversores que han comprado el terreno hace menos de seis meses, tienen el certificado urbanístico y han solicitado la licencia, tienen un argumento legal clarísimo contra la administración", señalan fuentes jurídicas.

En trámite

El error del gobierno de Colau ha sido, pues, parar las licencias que ya estaban siendo tramitadas. "Las licencias son reguladas, no discrecionales. Si la solicitas y cumples la normativa, la administración te la tiene que dar", abundan las mismas fuentes.

Precisamente, los gobiernos anteriores ya habían reparado en este agujero legal. Por ejemplo, la moratoria hotelera en el casco antiguo de la ciudad –decretada en 2009- no afectó a las licencias en trámite: evitó el derecho a reclamar indemnizaciones.

El 'paron' impuesto por Ada Colau es distinto. El cerrojazo incluye las licencias ya pedidas. "Es un paso más que ni los alcaldes Xavier Trias (CiU) y Jordi Hereu (PSC) habían dado. Y es lo que genera el derecho al pago".  

Arcas públicas

Los pleitos de los tenedores de las 38 licencias serán largos. "El ayuntamiento se defenderá alegando que los terrenos no son 'inútiles' como establece la ley. Alegarán que la suspensión es de un año, prorrogable a otro ejercicio", avanzan las fuentes jurídicas.

En cualquier caso, las demandas llegarán y tendrán un impacto en las arcas públicas. "El argumento legal de los inversores que cumplan los seis meses es clarísimo. El ayuntamiento deberá devolver el 4% de impuesto sobre obras (ICIO), el precio del terreno y los costes de tramitación: arquitectos, abogados, etc. Son millones de euros para el contribuyente".

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