El Gobierno, contra las cuerdas por las ayudas públicas para la TDT

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Bruselas solicita al Ejecutivo español que recupere la cantidad prestada mientras las beneficiarias lucharán por sus intereses

El centro de control de emisiones de Collserola / EFE

01 de noviembre de 2013 (20:32 CET)

¿Qué pasó con las ayudas públicas para el despliegue de la la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España? La historia se remonta a 2009, en la era de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), cuando la empresa SES Astra denuncia al Gobierno ante Bruselas por un presunto trato de favor en estas concesiones, pero vuelve a ser noticia este año. ¿Por qué? La Comisión Europea ha solicitado que se devuelvan las subvenciones que otorgó la administración central para cubrir las zonas remotas y menos urbanizadas del país.

Bruselas concluyó el pasado junio que “el Reino de España ha ejecutado ilegalmente la ayuda destinada a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para la extensión de la cobertura”, según reza un informe de la Comisión Europea. Las conclusiones, fruto de una investigación de años, no acaban aquí. “España garantizará que la presente decisión (de recuperar las ayudas) se aplique en un plazo de cuatro meses”, señala el documento.

Sin noticias del dinero

Una vez concluido este periodo, el gobierno español todavía no ha recaudado las inversiones que ascienden a 236 millones de euros. “No hay ninguna novedad. No se han devuelto las ayudas. La abogacía del Estado está estudiando el caso”, aseguran fuentes gubernamentales a Economía Digital.


El Gobierno, ahora presidido por Mariano Rajoy (PP), está contra las cuerdas en este asunto. Recurrió la devolución de las ayudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para ganar más tiempo. Aseguraba que la decisión de exigir a los beneficiarios la devolución del dinero supondría dejar a más de un millón de ciudadanos sin televisión. Sin embargo, al máximo órgano de justicia comunitario no le han convencido los argumentos del Estado.

Por ello, le ha instado a acordar con Bruselas una solución que garantice el servicio a la población afectada mientras recupera las ayudas públicas y vuelve a licitar estos contratos no sólo a los operadores de TDT, sino también a los de satélite para que exista una igualdad de condiciones. El Ejecutivo español está en continuo contacto con la Comisión Europea, según apuntan fuentes del entorno del Gobierno, pero sigue sin haber rastro del dinero.

Choque de intereses

Las beneficiarias se resisten a devolver, sin más, las ayudas obtenidas. “Estamos a la espera de la decisión del gobierno español y si tenemos que devolver el dinero, veremos cómo lo hacemos. Pero, vamos a exigir nuestros derechos porque ¿quién nos van a devolver ahora los equipos y el trabajo realizado?. Además, gracias a estas extensiones hay mucha gente que puede ver la televisión y si se cargan todo esto se quedarán sin servicio. Hay que buscar una fórmula para evitarlo", detallan fuentes próximas a Abertis, una de las compañías adjudicatarias.

Según el denunciante de estas licitaciones, SES Astra, la decisión que tomó el Gobierno para que la televisión digital terrestre llegara al 100% de los españoles suponía, en su totalidad, una inversión de 1.000 millones de euros durante un periodo de 10 años. “Nosotros decimos que ese mismo servicio por satélite tiene un coste inferior a los 100 millones de euros, es decir, la décima parte”, subraya el director general de la compañía, Luis Sahaún a este medio.

Una salida 'in extremis'

Esta empresa insiste en que va a resultar menos costoso para los ciudadanos que se pare todo este proceso ahora que prolongarlo todavía más en el tiempo. "Si no se corta el proceso aquí, pagaremos más", explica.

La administración central y las comunidades autónomas están entre la espada y la pared. Por un lado, tienen que acatar la decisión de Bruselas y, por otro, se enfrentan al enfado y malestar de las compañías que habían ganado esos concursos. ¿Qué pasará al final? ¿Cuál será la solución a este embrollo? “Hay varios intereses cruzados pero según dice el Estado, cumplirá con la sentencia de Bruselas. Es un tema que ahora está únicamente en manos del Gobierno y la Unión Europea”, detalla Sahaún. Sin embargo, algunos ciudadanos podrían verse perjudicados con todo esto.

Mientras, algunas de las compañías que obtuvieron la ayuda aseguran que son un sujeto pasivo en este momento y que habrá que concederle una alternativa al cliente para que siga disfrutando de este servicio.
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