El Gobierno recurrirá ante el Constitucional el euro por receta de Catalunya

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CONSEJO DE MINISTROS

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

14 de diciembre de 2012 (17:17 CET)

Las diferencias entre el Gobierno español y el de Catalunya van en aumento. El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el euro por receta y la tasa judicial aprobadas por la Generalitat el pasado marzo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que ambas ejecutivas no han llegado a un acuerdo para que se respetara la ley sobre doble imposición. "De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces", ha apuntado.

Madrid también

Dicho informe aclara que en el caso del euro por receta las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149. De este modo, el Gobierno entiende que la tasa catalana "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos”.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha asegurado que se hará lo mismo con la Comunidad de Madrid, aunque para eso el Ejecutivo tendrá que esperar a que entre en vigor. "El euro por receta de Madrid no es norma todavía, no ha sido aprobado ni ha entrado en vigor, pero desde luego el Gobierno tratará de acercar posturas", ha avisado.

Sáenz de Santamaría ha reconocido que la titular de Sanidad, Ana Mato, ya se ha puesto en contacto con el Gobierno de Ignacio González para que sean "plenamente conscientes" de que, "en caso de aprobación, procederán de forma similar". "Actuaremos igual con cualquiera que sea la administración si consideramos que incumple la norma", ha insistido.

Acuerdo en Cultura

En el caso de la tasa judicial, el Gobierno la impugna porque "coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal", a través de una tasa de la potestad jurisdiccional, ya que "las comunidades no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados con tributos estatales".

La vicepresidenta ha afirmado que sí se ha conseguido un acuerdo con la Generalitat en la tasa de patrimonio cultural.
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