ERC exige a Mas que ATLL sea de nuevo de titularidad pública

El acuerdo entre CiU y ERC para avanzar las elecciones catalanas el próximo 27 de septiembre marca el fin de la guerra del agua en Cataluña. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves por la mañana que recuperar la titularidad pública de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la sociedad que actualmente gestiona Acciona, es una «estructura de estado«.

ERC siempre se ha opuesto a la privatización de la compañía que se encarga de ofrecer agua a Barcelona y los municipios de su ámbito de influencia (el servicio en alta, el tratamiento desde el lugar de captación a los depósitos de cabecera). Es decir, ofrece agua a casi cuatro millones de personas.

Concesión antes del pacto

Junqueras no participó en la privatización primero y concesión después de la compañía, ya que el proceso se realizó cuando CiU gobernaba con mayoría. El partido de Artur Mas se hizo con el 46% de los diputados del Parlament (62 escaños) en las elecciones de 2010 y el contrato con Acciona se firmó antes de que se constituyera la nueva cámara catalana tras los comicios de 2012. Antes de que ambos partidos llegaran a un pacto con el proceso soberanista como objetivo común.

ERC afirmó desde ese momento que su opción preferida ante el conflicto era que ATLL fuera de nuevo de titularidad pública, pero evitó censurar la concesión tras los varapalos judiciales de los últimos dos años por una cuestión económica.

Desconsolidar el 0,5% del PIB

Por los 995.506.100 euros de déficit público (el 0,5% del PIB catalán) que la operación permitió desconsolidar desde 2012 y los 298.651.830 euros que la Generalitat debe devolver al consorcio liderado por Acciona cuando se resuelva el contrato. Esa fue su aportación inicial tras la licitación y, hasta la fecha, la única que ha realizado. Aunque la cantidad puede incrementar, ya que el grupo liderado por los Entrecanales ha afirmado que abrirá un nuevo litigio para reclamar una indemnización mayor.

Junqueras considera que las limitaciones económicas de la Generalitat no son ahora un obstáculo para recuperar el control público de ATLL. Señala que en un momento en el que se replantea toda la organización administrativa catalana para llegar a la independencia, el objetivo del proceso, se puede asumir este coste.