Inmigrantes ilegales chinos pagan 6.000 euros por un contrato ficticio con el que regularizar su situación
La Fiscalía pide 40 años de cárcel a los 15 miembros de una trama que lograba papeles para centenares de asiáticos
El Ministerio Fiscal lleva a juicio a 15 acusados de unos presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita y falsedad documental. Según el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Economía Digital, «los acusados acordaron a cambio de una prestación económica indeterminada, facilitar la regularización de ciudadanos extracomunitarios, principalmente procedentes de China».
Los imputados suministraron contratos falsos desde una gestoría situada en la plaza de Urquinaona de Barcelona. Gracias a esos documentos pudieron regularizar, inicialmente, su situación administrativa en España. Los inmigrantes pagaban entre 400 y 6.000 euros por contrato.
Trama de empresas pantalla
Para llevar a cabo sus propósitos, la trama creó una red de decenas de empresas «con la única finalidad de efectuar estas contrataciones ficticias. Las mismas (las compañías) eran totalmente inactivas y no desarrollaban actividad comercial alguna».
La trama disponía de un grupo de «comerciales», todos de nacionalidad china, que se encargaban de atraer y atender a los «clientes».
También captaban «clientes» en China
Pero la organización no sólo regularizaba la situación de ciudadanos de aquel país que ya se encontraban en territorio español, sino que, previo pago de cantidades que oscilaban entre los 400 y los 6000 euros, captaban «clientes» en china, a los que ofrecían expectativas laborales en España.
«La mecánica operativa consistía en contactar también con los inmigrantes en su propio país y ofrecerles la certeza de la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo que le permitiesen permanecer en nuestro país de forma definitiva», asegura el escrito.
Duras penas de cárcel
El fiscal pide para los 15 imputados un total de 41 años de cárcel.
El Ministerio Público ha pedido que la justicia dé traslado de este escrito y del informe final de la investigación elaborado por la Policía Nacional, a la Tesorería General de la Seguridad Social para que investigue si por los acusados o por los beneficiarios de los contratos se hubiera cometido algún fraude tributario «constitutivo de delito o de infracción administrativa».
