La Policía de Madrid se denuncia a sí misma por regentar bares ilegales
La Policía Municipal entregó a Fiscalía documentación que acredita el funcionamiento de tres bares en las dependencias del cuerpo que operan al margen de la legalidad
El gobierno de Manuela Carmena ha denunciado ante la Fiscalía a su propia policía. El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el director de la policía, Andrés Serrano, han presentado documentos ante la Fiscalía que acreditan el funcionamiento de tres bares ilegales dentro de las propias dependencias policiales.
Se trata de tres establecimientos ubicados en las unidades policiales de Escuadrón de Caballería, Atestados y la Unidad Especial de Tráfico sirven de lugar de avituallamiento y descanso de los miembros del cuerpo.
Fiestas y reportajes sin justificar
Los beneficios de los tres bares de la policía se guardaban en una caja B que se destinaban a gastos del cuerpo que no podían ser atribuidos a la contabilidad oficial, según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid. Entre los gastos de la contabilidad B se encuentran las Fiestas de San Juan, repostajes indebidos o coronas de flores para compañeros fallecidos.
El equipo de Manuela Carmena ha anunciado que algunos de los gastos asumidos por la caja B serán cargados a la contabilidad regular de la institución siempre y cuando sean legales. El Ayuntamiento también anunció la instalación de máquinas de vending que suplan las necesidades de los agentes mientras se convoca al concurso para que una empresa se haga cargo del servicio.
Posibles delitos
Tanto los ingresos como los gastos de los bares han sido mezclados con recursos públicos, pero han estado al margen de los órganos de supervisión oficiales. El dinero recaudado con la actividad era guardado en una caja fuerte de la subdirección general económico administrativa de la Dirección General de la Policía. El Ayuntamiento cree que se trata de una actividad económica ilegal gestionada en las propias dependencias policiales.
El concejal de Seguridad, Javier Barbero, anunció que la práctica podría constituir un delito para los funcionarios implicados. El gobierno local no se niega a mantener bares en la policía, siempre y cuando ofrezcan servicios legalizados.
