Letra pequeña del acuerdo para investir a Mas

Junts pel sí presentó el martes su propuesta de acuerdo para gobernar con la CUP y está a la espera de que los anticapitalistas le den el visto bueno el próximo domingo en una asamblea que se celebrará en Girona.

Del preacuerdo se sabía que contiene un plan de choque para luchar contra la pobreza y también una hoja de ruta para redactar una constitución catalana y declarar la independencia. También se conocía el calendario: todo el proyecto tiene que estar listo en marzo de 2017 a más tardar.

15 nuevas embajadas

Pero en el documento de 62 páginas, que Junts pel sí entregó a la prensa a regañadientes, hay muchas otras cosas que son de interés paro los catalanes y de las que hasta ahora no se había hablado de forma abierta.

La letra pequeña del pacto de Gobierno contempla, por ejemplo, diversas medidas en materia de política internacional como la creación de una especie de Ministerio de Exteriores, la apertura de 15 nuevas embajadas catalanas por el mundo, la puesta en circulación de los pasaportes y visados de la República Catalana o la delimitación de las nuevas fronteras.

Creación del CNI catalán

Además, el partido de Artur Mas prevé «adherir» a Cataluña a los tratados y organizaciones internacionales, aunque no plantea la posibilidad de que estas instituciones no quieran darle la bienvenida. Por último, la formación independentista planea reforzar su «estrategia de comunicación y de lobby» para dar a conocer a la nueva Cataluña en el mundo.

La Generalitat ya cuenta con una Policía propia, los Mossos d’Esquadra, pero eso no será suficiente si se declara la nueva República. Por eso, los de Mas quieren crear un «servicio de inteligencia» propio, es decir, una especie de CNI a la catalana. También planean crear un DNI o tarjeta ciudadana de servicios que sustituya a la actual documentación española.

Tomar el control de los Registros

Otra de las medidas urgentes consistirá en «el reclutamiento y la formación de personal, incluidos directivos» para los servicios de seguridad pública, inteligencia, correos, medio ambiente, bienestar social, patentes y marcas, deportes y metrología.

El nuevo Govern de transición nacional no se olvidará de tomar el control de los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de penales, de últimas voluntades y del catastro. Y también tiene previsto buscar la manera de dirigir la Administración de justicia provisionando plazas de jueces y del «ámbito del poder judicial».

En materia económica, creará su propia Hacienda y dictará leyes catalanas de recaudación y gestión tributaria. Implementará un sistema de aduanas y pondrá en marcha una Oficina catalana de fiscalidad internacional. Y alumbrará un Banco Central.

Permisos de conducir

En Junts pel sí saben que hacer todo eso cuesta dinero, por eso en la propuesta hablan de «prever las fuentes de financiación del nuevo Estado durante los primeros meses de funcionamiento», aunque no especifican de dónde sacarán el dinero para llevar sus proyectos a buen puerto.

Pero los previsibles problemas económicos no frenan a los independentistas, que también tienen la idea de regular la concesión de los permisos de conducir, los puertos y los aeropuertos y determinar el dominio marítimo terrestre de Cataluña.

Plan contra la pobreza

A todas estas iniciativas, que deben estar listas en 18 meses, hay que añadir el plan de choque contra la pobreza que impulso la CUP, que costará 270 millones de euros y que pasa por reducir la pobreza infantil y energética, evitar los desahucios, recuperar la renta mínima de inserción que eliminó CiU, garantizar las prestaciones para la dependencia, invertir en educación en zonas desfavorecidas, crear más plazas de guardería públicas, instaurar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales e introducir la dación en pago de forma generalizada.

Por último, la propuesta, que se parece más al programa de Podemos que a las políticas que ha implementado Mas en los últimos años, contempla mejoras en la sanidad públicas y medidas para luchar contra el fraude fiscal como la creación de una Policía Fiscal. También prevé introducir nuevos tributos medioambientales y sobre los depósitos bancarios.