Madrid recibe un goteo de denuncias por el expolio de bienes a incapacitados

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Declarar a una persona incapacitada puede ser un buen negocio, sobre todo si tiene ingresos y propiedades. Hasta la fiscalía ha quedado salpicada por la entrega de patrimonio de los incapacitados a fundaciones privadas

La pintora Concha Moncada, incapacitada por su sobrina, que logró la gestión de su patrimonio.

Madrid , 30 de septiembre de 2015 (22:47 CET)

Un goteo de denuncias ha puesto el foco sobre la gestión del patrimonio de los discapacitados de Madrid. Los familiares de afectados apuntan a que no todos los madrileños declarados como incapacitados lo son. Ancianos con patrimonio que son declarados enfermos de alzhéimer, mujeres que han sido apartadas de la gestión de su fortuna por orden judicial por no estar en pleno uso de sus facultades mentales y jóvenes que reciben importantes pensiones de sus padres y son ingresados en fundaciones.

Todos los casos denunciados apuntan hacia una misma dirección: la declaración irregular de incapacidad para que terceros se apropien de la fortuna. El escándalo ha salpicado a una fiscal, Nuria López Mora, que ha sido apartada de su cargo como responsable de incapacidades y al juzgado número 65 de Madrid al que algunas familias han señalado como responsable de haber declarado incapacitadas a personas en plenas facultades mentales.  

La pintora Concha Moncada ha sido una de las que ha denunciado su situación. Viuda y sin hijos, una sobrina pidió al juzgado 65 de Madrid declararla enferma de alzhéimer y de demencia senil. El juzgado aceptó la solicitud de la sobrina y le entregó la gestión del patrimonio de la tía. La propia Moncada denunció su caso a través de un video de Youtube y acusó a su sobrina de querer apoderarse de forma ilegítima de todos sus bienes.

Los cuerdos que desaparecen la fortuna de "los locos"

El caso guarda similitudes con el de Yolanda García-Cereceda, también incapacitada por el mismo tribunal. Los denunciantes aseguran que todos los casos importantes terminaban en la fundación Afal cuya cúpula ha terminado en los tribunales investigados por cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio.

"Vendieron propiedades, todo tipo de muebles y no se sabe qué pasó con ese dinero. Ellos deciden cuánto dinero te dan al mes y qué bienes venden sin dar ningún tipo de explicaciones. Al final, los cuerdos terminan desapareciendo la fortuna de los supuestos locos", asegura uno de los afectados que ha pedido mantener su nombre en el anonimato.

Las irregularidades en el cuidado de adultos también ha sido denunciada por Manos Limpias, que asegura que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) está implicada en la trama descubierta con la fundación Afal. La acusación del colectivo también señaló al juzgado número 30 de Madrid en una denuncia dirigida contra el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Cienpozuelos.


Caso en Cienpozuelos 

Uno de los casos que ha motivado la denuncia es el de Juan Pablo Pla-Font Castillejo. Su madre, Pilar Castillejo, asegura que su hijo tiene una enfermedad orgánica y no mental y que está ingresado de forma irregular en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios. "Siempre ocurre con gente que tiene recursos. Nunca con un mendigo o con un indigente. Mi hijo estaba siendo tratado en el hospital clínico de Madrid con muy buenos resultados. Lo incapacitaron y ahora lo tienen allí sedado todo el día en unas condiciones deplorables", explica Castillejo.

El hospital asegura que las acusaciones están fundamentadas en datos falsos pero la fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid investigar al psiquiátrico San Juan de Dios por delitos contra la integridad moral, la salud y apropiación indebida de regalos de los familiares de los tutelados.

La oposición en la Asamblea de Madrid ha pedido la investigación de la situación de la agencia de tutelaje, que depende de la Consejería de Empleo y Familia de la Comunidad de Madrid y que atiende a unas 6.000 personas. El grupo de Ciudadanos exigió al nuevo gobierno la revisión de la situación de la agencia y la dotación de mayores recursos. La exigencia, una de las 76 peticiones realizadas por Ciudadanos, han sido aceptadas por el equipo de Cristina Cifuentes. "En el caso de Afal hay claros indicios de que se trataba de una trama corrupta, pero esto aún no se ha demostrado en el caso de AMTA, lo que no quiere decir que no la haya", explica el diputado Alberto Reyero.

El gobierno regional deberá explicar los próximos días las medidas y la dotación presupuestaria que adoptará en el ente público. 

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