Puigdemont usa el dinero del Europarlamento para encuestas de JxCat

El líder huido busca información para escoger a su próximo candidato a president. Duda entre Jordi Puigneró y Laura Borràs

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El acceso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí al Europarlamento ha supuesto una importante inyección de dinero público para los dirigentes soberanistas, que ya han comenzado a usar sus nuevos recursos para el objetivo de siempre: mantener el poder (y, por tanto, encargar encuestas).

Puigdemont y Comín recibieron hace pocas semanas más de 70.000 euros en salarios atrasados, mientras que Ponsatí ha comenzado a ingresar su retribución recientemente después de estrenar su credencial a principios de febrero al hacerse efectivo el brexit.

Cada recordar que todos los eurodiputados perciben un salario neto de 6.824,85 euros mensuales de la Cámara europea, así como dietas mensuales para gastos generales por importe de 4.513 euros. Estas dietas han servido al equipo de Puigdemont para pagar un sondeo dirigido a conocer quién es la persona más adecuada de Junts per Catalunya (JxCat) para ir de número dos a las elecciones catalanas, según aseguran fuentes conocedoras de esta iniciativa a Economía Digital.

Puigdemont maneja desde hace semanas la idea de volver a ser cabeza de cartel a las catalanas, a pesar de que no tiene opciones de convertirse en presidente de la Generalitat. Así que la clave es saber quién será número dos de la lista de JxCat.

Puigdemont + Borràs

El favorito, por el momento, es el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. Pero el sondeo que ha encargado Puigdemont revela que hay otra dirigente de JxCat mejor situada: la portavoz parlamentaria en el Congreso, Laura Borràs.

El problema de Borràs es que mantiene abierto un frente en los tribunales. La portavoz de JxCat está imputada por la adjudicación de 18 contratos a un amigo en sus tiempos de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), motivo por el cual una juez de Barcelona la acusa de delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Todo ello podría parecer para cualquiera un obstáculo insalvable para lanzarse a una carrera electoral. Excepto para Puigdemont, siempre interesado en buscar el choque con la justicia y en denunciar ante la parroquia soberanista que «el Estado represor» se ha vuelto a poner en marcha contra el independentismo, el argumento de cabecera del líder huido.

Se da otra circunstancia y es que Borràs está convencida de que sus problemas judiciales pueden resolverse de manera más favorable en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña —donde se juzgan a los diputados del Parlament— que en el Tribunal Supremo —donde se sientan los parlamentarios de las Cortes españoles—.

Así que Borràs vuelve a cobrar fuerza para unas elecciones sin fecha, puesto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no piensa comunicar el día de los comicios hasta que no se aprueben los presupuestos catalanes en el Parlament.

 

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