Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament
La decisión ha sido validada por los votos de Esquerra Republicana, PSC y la CUP en la mesa de la cámara catalana
Laura Borràs, expresidenta del Parlament / EFE
La Mesa del Parlament ha aprobado la suspensión de Laura Borràs como diputada del Parlament con los votos de Esquerra Republicana, PSC y la CUP. La decisión conlleva que Borràs deje la presidencia de la cámara catalana.
El movimiento en la política catalana llega pocos días después que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña haya enviado Laura Borràs a juicio por un presunto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes. Antes de la votación de la Mesa, la ya expresidenta del Parlament había pedido a los representantes de los partidos en el órgano parlamentario que votarán “con conciencia”.
Borràs a ERC y la CUP: «Se han vestido de jueces hipócritas»
En una declaración institucional, ya con la resolución de la Mesa del Parlament en la mano, Laura Borràs ha acusado Esquerra Republicana, PSC y la CUP de actuar «de forma premeditada y como unos jueces hipócritas». La dirigente juntera asegura que representantes de las dos formaciones independentistas le han confesado, en público y privado, que su caso «forma parte de una persecución».
La suspensión de Borràs, según su criterio, aleja el Parlament de «la ejemplaridad y la preservación de su papel institucional». Sin dejar las críticas a las formaciones que han acelerado su salida de la cámara, la presidenta de Junts afirma que los últimos acontecimientos «aplanan el camino» de la justicia.
El artículo 25.4 del Parlament
La normativa del Parlament de Cataluña, en su artículo 25.4, establece la suspensión de los derechos parlamentarios de un diputado, siempre que tenga un acto firme de juicio oral por delitos vinculados con la corrupción. Con la pérdida de la condición de diputada, Borràs podrá mantener su acta, pero sin prerrogativas como el ejercicio del voto o el cobro del sueldo.
Borràs afronta una petición, por parte de Fiscalía, de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación de cargo público, en virtud de unos delitos de prevaricación y falsedad documental. El ministerio fiscal acusa a la líder juntera de fraccionar 18 contratos menores, con un valor global superior a los 300.000 euros, para beneficiar a un informático amigo suyo.
El magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí concluyó en junio que había suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs, procesando a la presidenta del Parlament y a tres tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada, entre marzo de 2013 y febrero de 2017. Según el juez, los indicios en este procedimiento, «evidenciarían» que Borrás «abusó» de sus funciones como directora de la ILC dictando «resoluciones injustas» para adjudicar 18 contratos menores, «con plena conciencia» de que «entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público», para favorecer a un amigo.
