El Ministerio de Transformación Digital analiza iniciativas contra las estafas telefónicas de suplantación de identidad
El departamento que dirige José Luis Escrivá impulsa una consulta pública para recabar propuestas normativas y técnicas orientadas a acabar con la problemática
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE/Fernando Villar
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El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública con la que va a recopilar propuestas para posibles iniciativas normativas y mecanismos técnicos y operativos que ayuden a poner freno a las estafas telefónicas de suplantación de identidad.
Se trata de uno de los primeros acuerdos adoptados ante el incremento de estos fraudes tras las reuniones que el ministerio ha mantenido con los diferentes agentes implicados, según informó este miércoles en un comunicado el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Los timos telefónicos de suplantación de identidad usan llamadas de voz y mensajes de textos alarmantes en los que los delincuentes se hacen pasar por supuestos agentes de una empresa de servicios o un organismo público engañando al consumidor para que proporcione información personal y financiera confidencial, facilite sus claves personales o realice alguna acción.
La consulta del Gobierno tiene como objetivo acelerar el consenso de actuaciones frente a estas estafas que están causando importantes daños financieros y económicos a consumidores, empresas, entidades bancarias y organismos públicos.
La consulta estará abierta hasta el 8 de marzo a operadores, entidades financieras, aseguradoras, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de consumidores, Administraciones Públicas y otros agentes económicos.
Con las aportaciones que se reciban, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales propondrá la adopción de las medidas de naturaleza normativa que, dentro de sus competencias, puedan resultar más adecuadas y eficientes para prevenir y luchar contra estas estafas y prácticas fraudulentas, así como apoyar otras que empresas, operadores y otros organismos puedan poner en marcha.
