El Gobierno de Mazón inspecciona 15.000 edificios golpeados por la DANA y critica el abandono de Sánchez
Las inspecciones han llegado a un total de 14.739 inmuebles, con 8.685 ya validados, y se tiene que proceder a la demolición total de 67 edificios
Estragos ocasionados por la DANA en el Barranco de Chiva. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), está realizando la evaluación de cerca de 15.000 edificaciones dañadas por la DANA del pasado 29 de octubre, así como de numerosos sótanos.
Y lo está haciendo, según ha criticado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sin la colaboración del Gobierno central.
La también portavoz del Ejecutivo valenciano ha explicado que están pagando estas inspecciones «pese al rechazo del Gobierno», ya que ha afirmado que la Administración central se ha opuesto a abonarlas en los edificios que no cuentan con seguro.
Una situación, ha lamentado Camarero, «diferente a los primeros momentos tras la DANA, cuando la colaboración era real». La vicepresidenta valenciana ha explicado que «muchos de los bajos de los edificios han estado anegados y llenos de lodo«, por lo que han tenido que llevar a cabo un análisis estructural de estos inmuebles.
Así, en el pleno de este martes, el Consell ha validado la declaración de emergencia para la contratación del servicio para inspecciones y actuaciones técnicas de apuntalamiento de edificaciones de viviendas dañadas por la DANA que presentan riesgo.
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Secretaría Autonómica de la Vivienda, ha contratado este servicio, por un importe de 4.551.354 euros, al Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
Así, el personal del IVE se encarga de las inspecciones para evaluar el estado de las edificaciones de vivienda que así lo requieran y que no hayan sido financiadas con anterioridad por otros organismos públicos.
Además, se sufraga la realización de inspecciones de los 885 garajes que quedaron inundados, según el listado aportado por la Diputación de Valencia, en las que se evalúa el estado de los elementos estructurales de las edificaciones.
Asimismo, el contrato cubre tanto el apuntalamiento de las viviendas como la elaboración de actas de apuntalamiento; la dirección de su ejecución y la certificación de la conformidad de los trabajos de apuntalamiento de forjados, vigas y demás elementos estructurales en los edificios de viviendas.
Hasta ahora, según datos facilitados por la Conselleria a este diario, las inspecciones han llegado a un total de 14.739 inmuebles, con 8.685 ya validados.
El hecho de que se realicen estas inspecciones no significa que ninguna de las edificaciones presente peligro de derrumbe, han subrayado fuentes de la Vicepresidencia primera. De hecho, estas mismas fuentes han señalado que en muchas de ellas viven sus habitantes y todas ellas pasaron ya en su momento una primera revisión para asegurar completamente la seguridad.
De estas inspecciones que está llevando a cabo el IVE, se tiene que proceder a la demolición total de 67 edificios -61 unifamiliares y seis plurifamiliares-; mientras que se han realizado más de 200 apuntalamientos.
Además, se está procediendo a la realización de catas en 884 sótanos, mientras que ya están completamente finalizadas estas inspecciones en 461 casos. En este sentido, desde la conselleria han indicado que se prevé acabar con las inspecciones en los sótanos entre finales de este mes de abril y principios de mayo.
Ayudas urgentes para la demolición de viviendas afectadas por la DANA
En paralelo a esto, el Gobierno valenciano ha aprobado mediante decreto un paquete de ayudas urgentes por valor de 700.000 euros para sufragar la demolición de viviendas y edificios residenciales gravemente dañados o destruidos a consecuencia de la DANA.
El objetivo principal de estas subvenciones es permitir la ejecución inmediata de los trabajos de demolición en inmuebles que, por su estado de ruina o peligro, suponen una amenaza para la seguridad pública, los edificios colindantes y el orden urbano.
Las actuaciones subvencionables incluyen la demolición total de edificaciones con orden municipal de ejecución, los trabajos de adecuación posterior como impermeabilización de medianeras o vallado del solar, así como los honorarios técnicos derivados del proyecto y dirección de la obra. También se contemplan demoliciones ya realizadas si se demuestra su vinculación directa con la catástrofe y se ejecutaron tras el 29 de octubre.
Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto personas físicas y jurídicas como comunidades de propietarios, agrupaciones de vecinos, cooperativas de vivienda e incluso herederos acreditados en caso de fallecimiento del titular.
El importe de la subvención cubrirá hasta 16.000 euros por vivienda afectada o local y el plazo para ejecutar la actuación será de 12 meses desde la concesión.
