La Generalitat sospecha que algunas asociaciones cannábicas albergan redes criminales de narcotráfico

Hecha la ley, hecha la trampa. Desde la dirección general de entidades jurídicas de la Generalitat, organismo que se encarga de registrar y controlar las asociaciones y fundaciones en Cataluña, se tiene la certeza de que algunos clubes cannábicos se aprovechan del vacío legal existente y de la hasta ahora inactividad represora de la fiscalía para producir marihuana al por mayor que dedican al tráfico ilegal.

Fuentes del departamento de justicia disponen de datos concretos para sustentar esa afirmación. La mecánica para enmascarar la actividad criminal de algunas de estas asociaciones sería la siguiente: para empezar estos clubes captan «clientes» entre los turistas.

Socios del club por cinco euros

Por un módico precio que a veces no supera los cinco euros, les invitan a fumar un «porro» en las instalaciones del club, previa inscripción como socios.

Dado que, según algunas sentencias del Tribunal Supremo, se entiende que la tenencia de hasta dos plantas de marihuana por persona se corresponde con autoconsumo individual, (por lo tanto, no punible), los directivos de estos clubes cultivan dos plantas por cada uno de sus asociados (en el caso de algunas asociaciones, se trata de centenares o de miles de socios) aunque, en la mayoría de los casos, esos socios (turistas) jamás vuelven a pisar el club.

Destino: Holanda

La propia fiscalía antidroga explica a Economía Digital que en algún registro de la policía, y para dar apariencia de legalidad, se ha comprobado cómo los responsables del «huerto de marihuana» habían apuntado en cada una de las macetas el nombre de cada uno de los socios.

Según las sospechas de la Generalitat y de la propia policía ese excedente de producción se dedica al tráfico puro y duro y tiene en el mercado holandés su principal destino.

Los clubes cannábicos se defienden con todos los argumentos jurídicos a su alcance. Uno de ellos es que la fiscalía hasta hace poco, no sólo no les perseguía penalmente, sino que avalaba la propia existencia de dichas asociaciones, como lo demuestran algunos antiguos informes del área del Ministerito Público en el ámbito de lo Contenciosos Administrativo. Estos informes son los que los abogados de los cubes esgrimen de forma recurrente ante el juez cada vez que sus clientes son detenidos.

Consumo compartido

Otro argumento es el del «consumo compartido», término jurídico que avala el Tribunal Supremo y que permite en caso de adicción, en grupos reducidos y en el ámbito estrictamente privado, el consumo particular de drogas blandas.

Pero la fiscalía, desde agosto del año pasado no comparte ese criterio y mantiene una posición menos contemplativa y más beligerante contra la actividad de dichos clubes, con independencia, insisten, de que estén o no inscritos en el registro público de asociaciones.

Acciones del Ayuntamiento de Barcelona 

El propio Ayuntamiento de Barcelona también ha tomado cartas en el asunto cuando comprobó hace meses que algunas agencias de viajes europeas ofertaban tours turísticos y cannábicos en la ciudad de Barcelona.

Desde entonces se han multiplicado las inspecciones. En este sentido, el juzgado de instrucción número 14 de la Barcelona investiga al conocido club el Rincón de María, situado en el ensanche barcelonés, después de que el ayuntamiento, a través de la guardia urbana, le sometiese a constantes inspecciones administrativas.