El Juez declara en concurso necesario a Ecisa y ahonda en la crisis del grupo Urbas
La constructora Ecisa, filial de Urbas, ha sido declarada en concurso necesario por un Juzgado de Alicante.
Sede de Urbas.
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El Juzgado Mercantil número uno de Alicante ha declarado en concurso necesario a Ecisa, ahondando en la crisis de su matriz, Urbas Grupo Financiero, que se encuentra en concurso de acreedores declarado como voluntario el pasado mes de enero.
La constructora Ecisa fue una de las numerosas compañías en situación crítica que Urbas adquirió entre 2020 y 2023, en una agresiva política de crecimiento inorgánico financiada por un préstamo del fondo luxemburgués Roundshield.
En el Auto de declaración de concurso necesario de Ecisa, el Juez rechaza los argumentos de la compañía para oponerse a la misma.
Ecisa pretendía homologar un plan de reestructuración ofreciendo bonos de Urbas Grupo Financiero
«La parte deudora sostiene, de manera subsidiaria y sin citar precepto legal alguno que lo ampare, que las solicitudes de declaración de concurso necesario habrían decaído por el mero transcurso del tiempo desde su presentación en 2023, apuntando a una suerte de ‘caducidad’ que el ordenamiento concursal no contempla en modo alguno«, indica el magistrado.
«El Texto Refundido de la Ley Concursal no establece plazo de caducidad alguno para las solicitudes de concurso necesario una vez presentadas», incide.
La solicitud de concurso necesario de Ecisa se fundamenta en el sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones de la compañía, hecho que «pone de manifiesto la existencia de múltiples créditos vencidos, líquidos y exigibles frente a Ecisa, con sentencias condenatorias firmes dictadas» en diversos procedimientos, así como «ejecuciones despachadas sin resultado útil, y anotaciones en los registros RAI y ASNEF por importes muy significativos (…)».
La declaración del concurso de Ecisa como necesario -instado por un acreedor- supone que la actual dirección de la compañía pierde sus derechos de administración, que son asumidos por la administración concursal designada por el Juez, el despacho Cuatroele Concursal.
El Juez determina que el concursado «tendrá suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa», y que la «administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades».
Santander ha sido uno de los acreedores de Ecisa que se ha opuesto al plan de reestructuración
En su reciente Auto, consultado por este diario, el Juez destaca que la documental aportada en la vista acredita la declaración en concurso de la matriz de Ecisa, Urbas Grupo Financiero, «lo que refuerza la imposibilidad de cualquier solución extraconcursal y evidencia la situación de insolvencia estructural del grupo«.
La empresa puede apelar la declaración de concurso necesario ante la Audiencia Provincial de Alicante, algo que en estos casos no suele llegar a producirse.
Las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil de Ecisa a las que ha podido acceder este diario, a través de Insight View, son del año 2021.
Ese ejercicio la compañía registró una cifra de negocio de 61,5 millones (cerca del doble que el año anterior) y un resultado positivo de tres millones, frente a pérdidas declaradas en 2022 de 16 millones. La cifra de pasivo corriente era de 39,5 millones y la d el pasivo no corriente de 9,8 millones.
Ecisa, oposición del Santander
Acreedores de Ecisa ya requirieron al Juez en 2023 la declaración de concurso necesario de la empresa, representados por el despacho Gesico, especializado en gestión de cobros y con experiencia en numerosos procesos concursales. Ecisa presentó un plan de reestructuración solicitando su homologación judicial.
Tres acreedores de la compañía, entre ellos Banco Santander, se opusieron a la homologación del plan. Ecisa pretendía resarcir a los acreedores con el pago en bonos convertibles emitidos por la matriz, Urbas Grupo Financiero.
El banco presidido por Ana Botín advirtió al Juzgado del «escaso valor actual de los bonos ofrecidos como instrumento de satisfacción del pasivo», destacando, a finales del pasado año, que Urbas había comunicado a la CNMV la apertura de un proceso de reestructuración y el nombramiento de experto en reestructuración, «circunstancias que comprometerían su solvencia».
El Juez concluyó que la posición de los acreedores como titulares de bonos convertibles de Urbas sería «especialmente gravosa«.
Los acreedores de Ecisa, explicó, pasarían a ser acreedores sin privilegio ni garantía, quedando «expuestos a quitas que, en la práctica, podrían suponer la pérdida casi total de sus derechos de cobro«.
Y si los bonos se convirtiern en acciones «la situación sería aún más desfavorable, pues los acreedores se verían transformados en accionistas minoritarios, es decir, en titulares residuales del patrimonio social, quedando sometidos al riesgo de insolvencia en su grado máximo y sin expectativa razonable de recuperación económica en un eventual procedimiento concursal de Urbas».
Urbas, al borde de la liquidación
Urbas adquirió, entre la crisis del Covid y el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las constructoras Murias, Joca, Urrutia y Ecisa; las promotoras Nalmar, Jaureguizar, Alandalus y CHR; las energéticas e ingenierías Ksilan, Sainsol e Ingeser; y la empresa de servicios Fortia. Muchas de ellas empresas con problemas financieros, cercanas al concurso de acreedores.
En 2023 compró Negocios agrícolas e industriales (Naisa) y su cantera de mármol a cielo abierto en Mula, Murcia.
Ese mismo año inició una nueva línea de negocio de ingeniería y fabricación de silos metálicos y plantas de almacenaje de grano llave en mano; y adquirió una residencia de mayores en Madrid y otra en Burgos. También trató de hacerse con Abengoa.
La reestructuración de las empresas absorbidas provocó que Urbas registrara en 2024 una cifra de negocio de 170,5 millones y unas pérdidas de 137 millones.
Para financiar ese crecimiento inorgánico, Urbas recibió apoyo del fondo luxemburgués Roundshield, aportando como garantías prenda sobre acciones de sus sociedades, con vencimiento el 16 de diciembre de 2024.
El grupo sostiene que la imputación de su presidente y de la compañía en el caso investigado en la Audiencia Nacional, sobre una ampliación de 383 millones de euros realizada por Urbas en 2015, por la que este año han sido todos los acusados absueltos, le impidió obtener financiación de otras fuentes bancarias, viéndose obligado a acudir al fondo luxemburgués.
La dirección de Urbas está totalmente enfrentada con la administración concursal nombrada por el Juez
Urbas trató de ampliar la extensión del plazo de terminación del contrato con el fondo llegado el momento, pero el 18 de diciembre de 2024 Roundshield ejecutó la prenda sobre las participaciones en las sociedades de la compañía española, generando una pérdida de 98,6 millones.
El pasado mes de enero Urbas Grupo Financiero fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado Mercantil número dos de Madrid. La compañía ha presentado una propuesta de convenio que contempla, básicamente, el pago de las deudas en tres años, sin quitas.
Los mayores acreedores del grupo no se han adherido a dicha propuesta.
La Sareb, la consultora McKinsey, el banco marroquí Attijariwafa Bank y la aseguradora Asefa, con más de 40 millones de euros de deuda en total, han rechazado adherirse al plan de Urbas, lo que sitúa al grupo al borde de la liquidación.
La administración concursal designada por el Juzgado mercantil de Madrid en Urbas Grupo Financiero, los despachos Auren y Kepler Karst, ya han advertido que el plan de reestructuración de Urbas es «inviable«.
La cúpula de Urbas, liderada por el presidente Juan Antonio Acedo, mantiene un enfrentamiento total con la administración concursal, en una posición que amenaza con elevar la tensión judicial del proceso.
