EEUU eleva a 41 millones la autorización de embargo a España por el Caso InfraRed
La corte recuerda también que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo. Aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta el abono de estas cantidades
Energías renovables
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Un tribunal federal de Estados Unidos ha dado un nuevo impulso a la vía de los embargos contra España en el caso InfraRed, al autorizar nuevas actuaciones de ejecución por un importe adicional de 41 millones de euros.
La decisión aumenta la presión sobre el Estado español por los impagos derivados de los laudos de renovables y abre la puerta a que los acreedores busquen activos embargables en distintas jurisdicciones estadounidenses
La resolución fue firmada el 12 de mayo de 2026 por el juez federal John D. Bates, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Con ella, la corte despeja el camino para iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales con el objetivo de localizar bienes del Reino de España susceptibles de embargo.
El caso se enmarca en el arbitraje promovido por InfraRed Environmental Infrastructure, representada por Blasket Renewable Investments, y forma parte de la larga batalla legal surgida tras el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables aprobado en España hace ya más de una década.
El tribunal arbitral del CIADI concluyó que el Estado español vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y fijó inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros.
La deuda del Estado español crece
La cuantía reconocida por la justicia estadounidense ha aumentado con el paso del tiempo hasta rondar ya los 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares. El incremento responde a los intereses acumulados y a las costas judiciales del proceso, que han ido engordando la factura final mientras el litigio seguía abierto.
El juez rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que paralizar el cobro pondría en riesgo las posibilidades de recuperación de los acreedores. En su razonamiento, pesa el hecho de que existen numerosos laudos pendientes contra el Estado español y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos.
La deuda de España con las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ya supera los 2.310 millones de euros
La decisión no solo autoriza la ejecución, sino también el registro de la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington. Eso amplía el radio de acción de los acreedores, que podrán seguir rastreando bienes y cuentas en otras jurisdicciones si consideran que pueden servir para hacer efectivo el laudo
Además, el tribunal da continuidad a las labores de descubrimiento de activos y a los requerimientos de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Entre las actuaciones ya iniciadas figuran peticiones dirigidas a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026
La corte recuerda también que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo. Aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta el abono de estas cantidades
El fiasco de España con las renovables
La deuda de España con las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ya supera los 2.310 millones de euros. No hay ningún otro país que acumule una cifra tan elevada de incumplimientos de decisiones vinculantes de arbitraje internacional, de modo que nos situamos por encima de Venezuela o Rusia.
De la deuda total de 2.310 millones, alrededor de 547 millones se corresponden con los sobrecostes judiciales, financieros y operativos que se derivan de los incumplimientos. Esta factura no dejará de crecer mientras no se resuelva la controversia.
El número de laudos pendientes de pago asciende a 27. Persisten distintos arbitrajes, entre los que destaca el caso de las entidades financieras alemanas (Landesbank) que reclaman 482 millones al Reino.
Las empresas acreedoras han derrotado de forma definitiva a España ante los tribunales de EEUU, donde ya no cabe más recurso que la petición de amparo reclamada por la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo. En total, la deuda que es posible ejecutar en suelo norteamericano asciende a 688 millones de euros.
