Repsol batalla con la CNMC en los tribunales la multa de 20,5 millones por los descuentos de la guerra de Ucrania
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz (D), durante la Junta General de Accionistas de Repsol. Foto: Europa Press
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Repsol ha elevado a la Audiencia Nacional su pulso contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La petrolera ha recurrido la multa del regulador de 20,5 millones de euros por considerar que abusó de su posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles para el transporte profesional durante la crisis energética de 2022.
La compañía no solo ha impugnado la resolución, sino que también ha solicitado medidas cautelares para suspender tanto el pago de la sanción como la prohibición temporal de contratar con el sector público que afecta a sus filiales Repsol Soluciones Energéticas, Campsa Estaciones de Servicio y Solred.
La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite el recurso de la energética que lidera Josu Jon Imaz. No obstante, las medidas cautelares solicitadas permanecen pendientes de resolución, después de que la Abogacía del Estado presentara un escrito de oposición, según recoge Repsol en su informe financiero del primer semestre.
El recurso contencioso-administrativo fue presentado el pasado 1 de abril ante dicho tribunal. La compañía explica que el plazo para formalizar la demanda permanece suspendido porque ha solicitado la ampliación y el complemento del expediente administrativo remitido por la CNMC al tribunal.
Será ahora la Audiencia Nacional la que deba decidir si accede a la petición de la petrolera o mantiene plenamente vigentes las medidas acordadas por el regulador mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
La multa de Repsol por abuso de posición en 2022
El conflicto se remonta a uno de los momentos más convulsos para el mercado energético europeo. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el precio del petróleo y de los combustibles se disparó, obligando tanto a los gobiernos como a las compañías petroleras a desplegar medidas extraordinarias para contener el impacto sobre consumidores y empresas.
Fue precisamente en ese contexto cuando la CNMC abrió una investigación sobre la estrategia comercial de Repsol en el segmento del transporte profesional.
Tras varios años de instrucción, el regulador concluyó que la compañía había cometido una infracción continuada de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entre abril y diciembre de 2022 mediante un supuesto estrechamiento de márgenes.
La petrolera habría incrementado de forma generalizada el precio al que vendía el gasóleo A a estaciones de servicio rivales y, al mismo tiempo, lanzó en su propia red una campaña de descuentos adicionales para transportistas, que se sumaban a las ayudas ya previstas por el Gobierno durante la crisis energética.
El resultado, siempre según el organismo regulador, fue un «estrechamiento de márgenes» que dificultó que las estaciones independientes y las gasolineras de bajo coste pudieran competir en igualdad de condiciones.
A juicio de la CNMC, esta estrategia dificultó que los operadores independientes y las gasolineras de bajo coste pudieran competir en igualdad de condiciones para captar clientes profesionales.
El regulador sostiene que esa estrategia permitió a Repsol recuperar volumen de ventas y cuota de mercado en un momento en el que el precio de los carburantes se había disparado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
Como consecuencia, el regulador impuso una multa de 20,5 millones de euros y acordó prohibir durante seis meses que Repsol Soluciones Energéticas, Campsa Estaciones de Servicio y Solred contrataran con el conjunto del sector público en licitaciones para el suministro de gasóleo A destinado a automoción.
Repsol denuncia un «relato parcial y descontextualizado»
Se trata de una de las sanciones más relevantes impuestas por Competencia en el mercado de los carburantes en los últimos años, así como una de las mayores para Repsol. Sin embargo, la petrolera rechaza de plano el criterio del supervisor.
Repsol sostiene que la resolución se apoya en un «relato parcial y descontextualizado», incorpora errores metodológicos y jurídicos e ignora por completo el contexto excepcional vivido durante 2022, marcado por la crisis energética desencadenada tras el estallido de la guerra en Ucrania.
El enfrentamiento también refleja el creciente protagonismo que está adquiriendo la CNMC en la supervisión del mercado energético.
En los últimos meses, el organismo ha intensificado su actividad sancionadora sobre compañías del sector, tanto por cuestiones relacionadas con la competencia como por expedientes vinculados al funcionamiento del sistema eléctrico tras el apagón del pasado abril.
