El Estado devolverá 800 millones a Iberdrola por las ayudas fiscales en la compra de Scottish Power

El Estado tiene que abonar cerca de 800 millones de euros a Iberdrola por las deducciones fiscales en la compra de Scottish Power que la eléctrica tuvo que devolver. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la multinacional española ya incluye en sus cuentas la deuda pendiente de cobro por las ayudas que tuvo que devolver.

Iberdrola tiene reconocidos en su balance 790 millones de euros que Hacienda tendrá que devolverle después de que la Justicia europea haya cerrado, en firme y sin posibilidad de nuevo recurso, uno de los litigios fiscales más longevos de la energética y que también afectan a otras empresas como Telefónica o Ferrovial.

El importe, registrado como «activos por impuestos corrientes» en las cuentas del primer semestre de 2026, es la consecuencia directa de un vuelco judicial a un conflicto por las deducciones fiscales que España permitía en la compra de empresas extranjeras y que Bruselas consideró ayudas de Estado irregulares.

El TJUE anuló la decisión de la Comisión Euripea y España ejecutó dicha orden y, entre 2018 y 2021, la Agencia Tributaria recuperó de Iberdrola un total de 678 millones de euros correspondientes a las deducciones aplicadas entre 2002 y 2018.

Del total, 576 millones son de cuota y 89 millones son en concepto de intereses de demora por los ejercicios 2002-2015, ingresados mediante la compensación de una devolución del Impuesto de Sociedades de 2016 y un pago en efectivo en febrero de 2018.

Los 13 millones restantes se enmarcan en los ejercicios 2016-2018, que fueron pagados por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán en julio de 2021.

A la cifra mencionada se suman los intereses de demora acumulados desde entonces, elevando la cifra hasta los 790 millones a cierre de junio de 2026.

El origen del litigio de Iberdrola

El origen se remonta a 2007, cuando Iberdrola se hizo con la británica Scottish Power en una de las operaciones más grandes del momento por 17.200 millones de euros.

Como otras compañías españolas que protagonizaron grandes adquisiciones internacionales en esos años, la eléctrica se acogió al artículo 12.5 de la entonces vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permitía amortizar fiscalmente el fondo de comercio financiero generado en este tipo de operaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, entendió que ese mecanismo constituía una ayuda de Estado que otorgaba una ventaja competitiva indebida a las empresas españolas frente al resto de empresas europeas, y ordenó a España recuperar lo dejado de ingresar.

Así, el giro llegó por la vía judicial europea. En septiembre de 2023, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló la decisión de la Comisión —conocida como la «Tercera Decisión»— que había dado pie a toda la recuperación, dando la razón a las empresas afectadas.

Bruselas recurrió la sentencia ante el TJUE, la última instancia posible, pero el 26 de junio de 2025 el tribunal desestimó el recurso de casación de la Comisión Europea y confirmó de forma definitiva la anulación.

Con ello, el mecanismo fiscal que en su día se consideró ayuda de Estado ilegal dejó de serlo a todos los efectos, y lo recuperado por Hacienda a cuenta de esa decisión pasó a ser, jurídicamente, un cobro sin fundamento.

A diferencia de otras partidas fiscales en litigio, no se trata de una expectativa, puesto que al no caber ya ningún recurso adicional contra la sentencia europea. Así, la compañía la registra como un activo firme, pendiente únicamente del trámite administrativo de la devolución efectiva.

Iberdrola sigue litigando en la Audiencia Nacional

El capítulo de Scottish Power, sin embargo, no ha finalizado todavía en España. La compañía mantiene abierta paralelamente otra batalla fiscal por el mismo mecanismo de amortización del fondo de comercio, pero de naturaleza distinta.

En este caso, lo que se cuestiona no es si la deducción era compatible con la normativa europea, sino si Iberdrola calculó correctamente el importe que se dedujo en la práctica.

La Audiencia Nacional dictó el pasado abril una sentencia que da parcialmente la razón a la eléctrica en una reclamación por 172 millones de euros vinculada a la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2010.

Pero el tribunal rechaza parte de sus pretensiones, por lo que el caso sigue pendiente del recurso que ha impuesto la energética, tal y como reconoce su informe financiero. A diferencia de los 790 millones, esta cantidad no figura registrada como activo en el balance al no estar cerrado el litigio

La confirmación definitiva de la devolución millonaria del caso Scottish Power refuerza financieramente a una compañía que encadena resultados récord y operaciones de calado como la reciente compra del 80% de la finlandesa Caruna por unos 2.000 millones de euros.

Todo ello mientras litiga en los tribunales por diferentes conflictos fiscales como el Gravamen Temporal Energético impuesto tras la invasión de Rusia a Ucrania, denominado en el sector como ‘impuestazo’.