La Sepi fuerza la salida del presidente y del CEO de Plus Ultra mientras mantiene en sus puestos a sus cargos imputados
La Sepi impone las salidas del presidente y consejero delegado de Plus Ultra mientras mantiene en sus cargos a numerosos directivos también investigados, entre ellos la presidenta Belén Gualda.
Edificio de la SEPI en Madrid
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Doble vara de medir en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda propietario de grandes conglomerados públicos como Correos o Navantia y primer accionista también de grandes cotizadas como Telefónica, Indra o Enagás.
La Sepi ha impuesto las salidas del presidente y del consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, imputados en el caso que investiga el Juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por el rescate de la aerolínea con la presunta participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, el grupo público mantiene a sus directivos, incluyendo a su presidenta, Belén Gualda, también imputados en otros casos, en sus puestos.
A finales del mes pasado el Juez Santiago Pedraz, también de la Audiencia Nacional, que investiga las actuaciones de la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, vinculadas a la Sepi, imputó a 25 personas, entre ellas Belén Gualda, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado investiga la influencia que pudo ejercer el grupo compuesto por Leire Díez; el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández (también imputado); y el empresario Antxon Alonso, en la concesión de ayudas públicas a empresas (Tubos Reunidos, Forestalia, Mercasa, Enusa y Parque Empresarial Principado de Asturias).
Además de la presidenta de la Sepi, el Juez Pedraz también ha imputado a los que fueran directores de participadas del grupo público, Miguel Ángel Figueroa y Rosario Martínez Manzanedo, así como al responsable de hacer seguimiento al expediente del rescate de Tubos Reunidos, Julián Mateos.
La presidenta de la Sepi, Belén Gualda, el vicepresidente Bartolomé Lora, y el expresidente Vicente Fernández, están siendo investigados
No son los únicos cargos de la Sepi imputados. También figura como investigado el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, por el rescate público de Air Europa.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite querella presentada por el PP, también por Vox, contra Bartolomé Lora, por presunto delito de prevaricación en la concesión de la ayuda pública a Air Europa, 475 millones de euros.
Todos ellos siguen en sus puestos, a pesar de figurar como investigados en presuntos casos de corrupción, mientras que el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra han sido apartados de sus cargos.
De acuerdo a fuentes cercanas a la aerolínea consultadas por este diario, las recientes salidas de Martínez y Roselli han sido impuestas por la Sepi, que otorgó un préstamo público de 53 millones de euros a la compañía.
El Borme publicó la revocación de los poderes de ambos ejecutivos en la compañía el pasado miércoles, y el viernes se conoció que el magistrado los ha citado como investigados para volver a declarar por presunto delito de tráfico de influencias, el próximo mes de septiembre.
La Sepi no ha querido hacer comentarios a consultas de este diario.
El presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, a través de un escrito, admitieron la pasada semana ante el Juez José Luis Calama, al frente del caso Plus Ultra, que la empresa selló un contrato con la empresa de Julio Martínez Martínez, íntimo amigo del expresidente del Gobierno, para desembolsarle el 1% del rescate que otorgó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica (FASEE) de la Sepi.
Las últimas revelaciones de los dos ejecutivos de Plus Ultra están en línea con el relato expuesto también por Julio Martínez Martínez, quien indicó que el expresidente Zapatero «marcaba los pasos a seguir» en las gestiones del rescate público de la aerolínea.
