El Juez constata que la Sepi aprobó el rescate de Plus Ultra pese a informes técnicos en contra
El Juez constata que un informe de un perito y otro de Deloitte advertían sobre aspectos contables de Plus Ultra que en principio imposibilitaban la recepción de la ayuda de la Sepi.
El Juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, constata que la Sepi aprobó el rescate de Plus Ultra, 53 millones de euros, pese a la existencia de informes técnicos que lo desaconsejaban.
La aerolínea incumplía al menos dos condiciones impuestas para la recepción de la ayuda pública, como eran la de estar al corriente con la Seguridad Social, y la de no encontrarse en crisis antes del Covid.
El Auto conocido el martes, en el que el magistrado imputa a José Luis Rodríguez Zapateropor tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate público de la compañía aérea, recoge dos informes elaborados para valorar la viabilidad de la concesión por parte del fondo de rescate de la Sepi que arrojarían dudas sobre su idoneidad.
Los informes presentados por los asesores de Sepi «fueron redactados para justificar la concesión del rescate», dice el Juez
Deloitte, contratado como asesor externo por la Sepi, advirtió, en informe presentado el 26 de febrero de 2021, que Plus Ultra había facilitado un «resolución estimatoria» de aplazamiento de una deuda «preexistente contraída con la TGSS».
Esa deuda con la Tesorería de la Seguridad Social ascendía a 0,41 millones de euros, y comprendía un periodo de 2017 a febrero de 2020
La aerolínea, sin embargo, en su solicitud formal de petición de rescate público, presentada el 1 de septiembre de 2020, aseguró que no tenía deudas pendientes con la Seguridad Social, uno de los factores que imposibilitaba la concesión de la ayuda Sepi. También sostuvo que al cierre del ejercicio 2019 se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
La compañía aportó dos certificados firmados por funcionarios de la Seguridad Social. Uno de ellos, por el subdirector general adjunto del organismo, fechado el 20 de agosto de 2020; y otro, firmado por la jefa de sección en la subdirección provincial de Madrid, emitido también el 20 de agosto de ese año.
El Auto señala que, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que Plus Ultra presentara su solicitud de rescate público, se produjo una reunión entre Zapatero y el entonces Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, hoy Gobernador del Banco de España.
El Juez trae a colación mensajes y evidencias del caso Koldo, en los que fueron registrados tanto ese encuentro entre Zapatero y Escrivá como un almuerzo entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el expresidente del Gobierno español.
José Luis Escrivá, en el congreso del PSOE de 2020, junto a José Luis Rodríguez Zapatero. EFE/ Biel Aliño
El Juez Calama señala que, además, en junio de 2021 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la práctica de un informe pericial sobre la situación económica de Plus Ultra.
En ese informe, el perito Pedro Martín Molina concluyó que Plus Ultra no cumplía con otra de las condiciones impuestas para la recepción de la ayuda del fondo de rescate de la Sepi (FASEE), como era la de no encontrarse en situación de crisis.
Martín Molina advirtió en su informe sobre la existencia de un préstamo participativo; de no haber registrado la empresa provisiones por determinadas contingencias; e incluso la posibilidad de «existencia de situación de insolvencia«.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: Europa Press.
El Juez destaca en su Auto que, aunque la ayuda «se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia», el análisis pericial determinó «que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar«.
Los informes presentados por los asesores de Sepi «fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja», afirma el Juez.
Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, «la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión», explica el magistrado.
«Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo«, señala el Juez, quien añade que se detectaron «pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra».
Plus Ultra, Sepi, Zapatero
En el Auto conocido el martes aparecen varias referencias a la influencia que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno habrían ejercido sobre la Sepi.
El Juez afirma que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones del Fondo de Rescate de la Sepi «mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos«.
Belén Gualda, presidenta de Sepi. EFE
Para ello urdieron dos vías, una el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra Zapatero, siendo este segundo canal el que «adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos«.
En el Auto, el Juez recoge mensajes intervenidos en los teléfonos de los investigados que muestran el nerviosismo que los directivos y accionistas de Plus Ultra tenían ante las dificultades que tenía la Sepi, por falta de personal, para agilizar la contestación a su petición.
En septiembre de 2020, el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, comenta al venezolano Roberto Reyes, consejero de la compañía, que Julio Martínez Martínez (amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario que habría gestionado pagos y contactos), hablaría con la Sepi, y, pasados unos minutos, le informa que ha recibido «una llamada de la Sepi» para anunciar que la revisión de la petición «había empezado».
Ese mismo mes, Roselli, en otra llamada, expresa su preocupación por la tramitación del expediente, planteando que Zapatero «hable con alguien de la Sepi».
Avión de Plus Ultra. EFE/EDUARDO CAEVRO
Los directivos y accionistas de Plus Ultra, a pesar de contar con el apoyo de la red liderada por Zapatero para lograr la ayuda pública, eran conscientes de que con la Sepi debían actuar guardando las formas.
«Sí, esa es la idea, seguimos haciendo las colocaciones y obviamente cancelando los intereses como prioritario y haciendo las colocaciones (… ) aunque bueno estaremos un poco más vigilados con la SEPI, habrá que darle con más cuidado«, comenta en una llamada Rosellini a Reyes.
En diciembre de 2020 José Ángel Partearroyo Martín, director de la Sepi, informa al consejero delegado de Plus Ultra que ya se estaban concretando asesores y que empezarían «en breve».
El Juez de la Audiencia Nacional destaca que, el 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez comunicó al empresario venezolano Camilo Ibrahim, vinculado a Plus Ultra, la obtención de la ayuda pública.
Fecha en la que oficialmente no había sido ni aprobada ni anunciada, algo que sucedió el 9 de marzo de ese año, cuando lo autorizó el Consejo de Ministros.
«Resulta especialmente relevante«, dice el Juez, que Julio Martínez Martínez «felicite anticipadamente a los directivos de Plus Ultra por la concesión de la ayuda pública el 26 de febrero de 2021, indicando incluso la fecha exacta del Consejo de Ministros en que se aprobaría, afirmando haber sido informado por la propia Sepi«.
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