Naturgy pierde una reclamación de 45 millones contra el Estado
La Audiencia Nacional rechaza devolver a la gasista una serie de costes de la tarifa regulada eléctrica y el bono social
Archivo – Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España)
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Naturgy ha sufrido un nuevo revés judicial en su batalla para recuperar los costes asociados a la venta de electricidad en el mercado regulado. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por su comercializadora, que reclamaba al Estado algo más de 45 millones de euros por los costes soportados durante los ejercicios 2019 y 2020 por la tarifa regulada de electricidad y por la gestión y financiación del bono social.
La sentencia, dictada el pasado 28 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y consultada por ECONOMÍA DIGITAL, rechaza en su mayor parte la tesis de la compañía que preside Francisco Reynés sobre los costes de comercialización del Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
En concreto, Naturgy reclamaba 24,36 millones de euros por la diferencia entre los costes que realmente había soportado su empresa de venta de energía para el mercado regulado, Comercializadora Regulada Gas & Power, y los que finalmente reconocía la Administración para las comercializadoras de referencia.
Estas compañías no operan como una comercializadora convencional del mercado libre, sino que están sujetas a una metodología específica para remunerar los costes de comercialización asociados al PVPC.
Naturgy defendía que el sistema no había reconocido suficientemente los costes en los que había incurrido, argumentando su condición de eficiencia. La gasista consideraba así que esa calificación debía permitirle recuperar los costes reales de su actividad.
Pero la Audiencia Nacional no comparte esta interpretación y considera que la metodología no funciona como un mecanismo de recuperación automática de todos los costes soportados por cada empresa, sino como un sistema basado en valores de referencia y criterios de eficiencia.
Por tanto, que una compañía pueda demostrar que sus costes reales fueron superiores a los reconocidos no significa necesariamente que tenga derecho a que el Estado abone la diferencia.
La Audiencia rechaza devolver a Naturgy otros 20,65 millones del bono social
Además, la Audiencia Nacional también rechaza la reclamación de los 20,65 millones relativa al bono social eléctrico, el descuento regulado por el Gobierno en la factura de la luz para proteger a los hogares vulnerables en España y del que actualmente se benefician más de 1,7 millones de consumidores.
En este caso, el tribunal no cuestiona que Naturgy tenga reconocido un derecho económico frente al Estado, puesto que es una de las grandes empresas que se ha beneficiado en los últimos años de sentencias favorables debido al mal diseño de dicho mecanismo.
De este modo, el problema es que la compañía ya había obtenido una resolución favorable del Tribunal Supremo que reconocía su derecho a ser compensada por los costes asociados al bono social, incluidos los intereses de demora.
La Audiencia Nacional recuerda que esa cuestión ya fue resuelta por el Supremo y que la vía adecuada para obtener el pago de esas cantidades es la ejecución de aquella sentencia. No cabe, por tanto, volver a reclamar el mismo concepto mediante un nuevo procedimiento para obtener una segunda compensación.
El origen de esta batalla se encuentra en el controvertido sistema de financiación del bono social eléctrico. El Supremo había cuestionado el modelo por considerar que la carga se imponía de forma discriminatoria a determinadas compañías.
En 2022, el alto tribunal declaró inaplicable el régimen de financiación y reconoció el derecho de las empresas afectadas a recuperar las cantidades abonadas en determinadas condiciones. Grandes eléctricas como Naturgy, Iberdrola y Endesa han recuperado más de 700 millones de euros.
El conflicto ha generado desde entonces una sucesión de reclamaciones económicas entre las principales eléctricas y la Administración. Naturgy ha defendido que el coste de una política de protección a los consumidores vulnerables no debe recaer de forma discriminatoria sobre determinadas empresas del sector.
Los 24,36 millones correspondientes a los costes de comercialización del PVPC no son reconocidos por el tribunal, mientras que los otros 20,65 millones del bono social no desaparecen como derecho económico de Naturgy, sino que quedan vinculados al procedimiento de ejecución de una sentencia anterior.
La sentencia desestima íntegramente el recurso y condena además a la parte recurrente al pago de las costas, con un límite de 4.000 euros más IVA. El fallo supone otro episodio en la larga disputa entre las comercializadoras reguladas y el Estado por la remuneración de una actividad sometida a una fuerte regulación.
