Telefónica busca captar 800 millones en contratos de la Generalitat tras la polémica derrota contra Sirt y Huawei

Telefónica se juega mucho más que dos nuevas adjudicaciones públicas en Cataluña

Marc Murtra Telefónica

Presidente de Telefónica, Marc Murtra. Foto: Europa Press

Telefónica pugna por grandes contratos tecnológicos y de telecomunicaciones licitados por la Generatitat de Cataluña que podrían sumar más de 800 millones de euros. La teleco que preside Marc Murtra busca engordar su negocio con la Administración pública a través de licitaciones con las que el Govern pretende renovar buena parte de su infraestructura digital.

Los dos contratos sacados a licitación por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), relacionados con las infraestructuras de comunicaciones corporativas y el despliegue de la nube soberana catalana, suman un potencial de contratación de unos 856 millones de euros si se tienen en cuenta impuestos, prórrogas y modificaciones previstas.

La ofensiva de Telefónica, participada en n 10% por el Estado, llega después de meses de recursos a la Generalitat por uno de los contratos tecnológicos más polémicos de los últimos años y que ha pasado a una fase judicial.

La operadora recurrió ante los tribunales la adjudicación de la red de fibra óptica XCAT, con la que la Generalitat busca una mayor soberanía en su infraestructura de telecomunicaciones, a una UTE liderada por la catalana Sirt, con Connecta y Huawei como proveedor tecnológico.

El contrato, valorado inicialmente en 127 millones de euros, estaba destinado a conectar 5.419 sedes públicas, entre ellas comisarías de los Mossos, hospitales, juzgados, centros sanitarios y colegios.

La decisión sorprendió dentro del sector y más tarde Telefónica y Cellnex impugnaron la adjudicación a Sirt. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público estimó parcialmente el recurso y obligó a revisar la solvencia técnica de la compañía catalana.

Tras la reevaluación, el CTTI volvió a considerar válida la candidatura de Sirt y rechazó las alegaciones de Telefónica, que terminó llevando el conflicto a los tribunales.

La Generalitat consideraba que las objeciones de la teleco no eran sostenibles y que los trabajos aportados por Sirt acreditaban la experiencia exigida en los pliegos. Mientras se resuelve el caso por la vía judicial, Telefónica tiene dos nuevas oportunidades para recuperar terreno en la contratación pública.

Telefónica vuelve a competir contra Sirt

La primera es precisamente la gran licitación de telecomunicaciones que ha despertado el interés del mercado. El CTTI ha recibido seis ofertas para renovar los servicios de red e infraestructuras de comunicaciones corporativas de la Generalitat.

Telefónica se ha presentado en solitario, al igual que Sirt y Econocom, mientras que las otras tres candidaturas están articuladas mediante alianzas empresariales en las que participan Deutsche Telekom, Orange y Nunsys.

El acuerdo marco tiene un valor estimado de 376,68 millones de euros sin IVA y contempla una duración inicial de dos años, con posibilidad de extender su vigencia y ejecutar las modificaciones previstas.

En términos presupuestarios, el compromiso para esos dos primeros años alcanza los 206,58 millones de euros con IVA incluido. En caso de agotar duración máxima prevista, prórrogas y modificaciones incluidas, el techo de gasto asciende a 455,79 millones de euros con impuestos.

La partida inicial de 206 millones es especialmente relevante porque corresponde al bloque principal destinado al despliegue directo y la gestión operativa de las redes de datos institucionales.

La Generalitat pretende con este contrato modernizar la conectividad de sus dependencias públicas, mejorar la capacidad de las redes y optimizar el gasto asociado al tráfico de datos, además de reforzar la seguridad de sus comunicaciones.

Lucha por el despliegue de la nube soberana

Pero la segunda oportunidad para Telefónica es todavía más ambiciosa. La Generalitat ha puesto en marcha otro acuerdo marco para crear una región de nube pública soberana europea en Cataluña.

El contrato pretende seleccionar a un único proveedor para prestar servicios de infraestructura cloud al Govern y al conjunto de su sector público durante un periodo de ocho años.

El valor estimado del contrato asciende a 397,17 millones de euros sin IVA, mientras que el presupuesto base de licitación alcanza los 330,98 millones sin impuestos y unos 400,48 millones con impuestos incluidos.

La dimensión del proyecto explica el interés que puede tener para Telefónica, ya que la Generalitat que preside Salvador Illa no busca simplemente contratar espacio en una nube convencional.

El pliego exige una región de nube soberana con infraestructura física situada en Cataluña y establece condiciones concretas sobre la ubicación de los centros de datos. Además, se ha vetado del proceso a gigantes tecnológicos de Estados Unidos para garantizar una soberanía real.

La memoria justificativa señala además que la infraestructura podrá albergar servicios sensibles y críticos de la Administración catalana y persigue reducir dependencias estructurales de grandes proveedores tecnológicos.

El contrato de nube es, además, una oportunidad de largo recorrido. Frente a los dos años iniciales del megacontrato de telecomunicaciones, la relación prevista con el proveedor de la nube se extiende durante ocho años.

La Generalitat calcula una progresión del consumo a medida que se incorporen servicios y organismos públicos, aunque el importe estimado no implica que vaya a gastarse necesariamente en su totalidad.

Si Telefónica lograra imponerse en ambos procesos, el volumen potencial sería considerable. Los 455,79 millones de euros máximos del contrato de telecomunicaciones, sumados a los aproximadamente 400,48 millones correspondientes al presupuesto base de la nube soberana con IVA, elevan la cifra por encima de los 856 millones de euros.

La pugna será especialmente relevante en la nube soberana, puesto que no habrá varios ganadores para repartir el negocio principal. El CTTI ha diseñado el acuerdo para seleccionar un único proveedor, lo que convierte los cerca de 400 millones de euros de presupuesto base en un premio de especial importancia para quien consiga imponerse.

Telefónica se juega así mucho más que una nueva adjudicación pública en Cataluña. Se trata de una nueva oportunidad para volver a ganar peso en la infraestructura digital de la Generalitat y, al mismo tiempo, para pasar página de una de las derrotas que más controversia han generado en el sector de las telecomunicaciones catalán.

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