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Baltasar Garzón suma 25 millones de euros por servicios facturados a su despacho desde 2019
Ilocad, el despacho fundado y dirigido por Baltasar Garzón, logró en 2025 los mayores beneficios desde su fundación.
Baltasar Garzón. EFE
El exjuez Baltasar Garzón ha facturado 25 millones de euros en los últimos siete años, desde 2019, por servicios prestados a su propio despacho de abogados, Ilocad.
Garzón creó International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), con sede en Madrid, en el año 2013, meses después de ser expulsado de la carrera judicial por las escuchas ilegales a los abogados de la trama Gürtel, que el mismo destapó, tras 25 años en la Audiencia Nacional.
En 2025, Baltasar Garzón facturó a Ilocad 4,3 millones de euros, de acuerdo a las últimas cuentas anuales abreviadas del bufete, a las que este diario ha accedido a través de Insight View.
Baltasar Garzón, casado con Dolores Delgado, ha defendido a reconocidos ‘enemigos’ de la Administración estadounidense
Un año antes fueron 4,9 los millones facturados; y de entre 3,3 y 4 millones cada ejercicio desde 2020 (1,2 millones de euros en 2019), 25,4 millones de euros en total.
El despacho de Garzón refleja en sus cuentas anuales dichos pagos como recepción de servicios por parte de «Miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la empresa».
El bufete, que emplea a 16 personas, especificó en sus cuentas de 2019 que era Baltasar Garzón el receptor de esas cantidades, pero desde entonces ya no lo identifica. Este diario trató el martes de contactar con Ilocad para ampliar y comentar esta información, pero no se obtuvo respuesta.
Las cuentas de 2025 de Ilocad son las primeras que incluyen un informe independiente de auditoría, según los registros consultados por Economía Digital, elaborado por Munt Audit, firma especializada en peritajes forenses.
En su informe de auditoría, firmado el pasado 31 de julio, la consultora destaca precisamente como aspecto más relevante de las cuentas de Ilocad el reconocimiento de ingresos por prestación de servicios y cuentas a cobrar.
«Dada la magnitud del área de ingresos por prestación de servicios, y de los saldos de clientes a final de ejercicio, así como el juicio requerido en la adecuada periodificación de determinados servicios», subraya el auditor de Ilocad, «hemos considerado este área como uno de los aspectos más relevantes de nuestro trabajo».
Garzón, Ilocad, récord de beneficios
El bufete dirigido por Garzón –casado con la exministra de Justicia Dolores Delgado– obtuvo en 2025 los mayores beneficios desde su creación, 1,14 millones de euros (un millón de ganancias en 2024), a pesar de que registró una leve caída de ingresos y elevó el pasivo.
El pasado ejercicio Ilocad alcanzó una cifra de negocios de 8,28 millones de euros (8,9 millones en 2024). El despacho logró en 2023 su mayor cifra de ingresos, 10,8 millones de euros.

El pasivo corriente del bufete dirigido por Baltasar Garzón se elevó el pasado año hasta los 1,76 millones de euros, desde los 0,7 millones registrado en 2024, por el aumento de la partida de ‘otros acreedores’.
Ilocad ha tenido entre sus clientes a reconocidos ‘enemigos’ de la Administración estadounidense, como el colombiano Alex Saab o el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado mes de julio la presentación de una querella contra Víctor de Aldama, de la que se encargaría el despacho de Garzón, por un presunto delito de injurias.
El empresario clave en los casos que han llevado a la cárcel a el exministro José Luis Ábalos, declaró en varios medios que Delcy Rodríguez le había hecho entrega de un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que demostraría una supuesta financiación ilegal del PSOE.
También recientemente se ha publicado que Ilocad representaría al millonario y activista propalestino Fergie Chambers, heredero de la fortuna de la familia Cox, propietaria del grupo de telecomunicaciones estadounidense Cox Communications.
Chambers fue detenido el pasado mes de agosto en Ibiza, reclamado por las autoridades estadounidenses, que le acusan de lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios. El activista está en prisión a la espera de ser o no extraditado a Estados Unidos, decisión que tendrá que tomar próximamente el Consejo de Ministros liderado por Pedro Sánchez.