Google recibe una multa de 403 millones por el uso de los datos de ubicación de sus usuarios

La sanción llega tras una investigación iniciada en 2020 por las prácticas de Google con los datos de ubicación de sus usuarios

Google multa en Irlanda

Multa millonaria a Google. Foto: IA

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto a Google una multa de 403 millones de euros por incumplir la normativa europea en el tratamiento de los datos de ubicación de sus usuarios. La investigación explica que el gigante tecnológico no fue transparente sobre cómo recopilaba y utilizaba esta información a través de varias de sus herramientas.

La sanción se centra en el tratamiento de los datos de localización mediante las funciones ‘Actividad web y de aplicaciones’, ‘Historial de ubicaciones’ y ‘Precisión de la ubicación’. Según el regulador irlandés, Google incumplió las obligaciones de transparencia exigidas por la normativa al informar a los usuarios sobre la recopilación y el procesamiento de estos datos.

Además de la multa económica, la DPC ha ordenado al gigante tecnológico adaptar su sistema de procesamiento de datos a la normativa en un plazo de seis meses.

La investigación comenzó en febrero de 2020 después de que varias organizaciones de consumidores presentaran demandas sobre las prácticas de Google en materia de localización. La resolución llega después de un proceso de varios años en el que el regulador ha analizado la forma en la que la compañía obtenía y utilizaba el consentimiento de sus usuarios.

Google podía utilizar la ubicación para inferir intereses

El subcomisionado de la DPC, Graham Doyle, ha advertido de la sensibilidad de los datos de ubicación, ya que permiten conocer o inferir numerosos aspectos de la vida privada de una persona.

Según el regulador, estas informaciones pueden utilizarse para ver la ubicación de un usuario y, combinadas con otros datos, revelar información sensible. Entre otros usos, la ubicación puede servir para inferir intereses o influir en los usuarios mediante publicidad personalizada.

Letrero de Google
Google.

El regulador irlandés ha considerado que las deficiencias detectadas en las herramientas de Google podían provocar que algunos usuarios no fueran totalmente conscientes de que su ubicación estaba siendo utilizada con estos fines. Esto, a juicio del organismo, podía limitar el control de los consumidores sobre sus propios datos personales.

El regulador también ha puesto el foco en el tiempo durante el que Google conservaba esta información. La retención de los datos de ubicación durante más tiempo del necesario, según Doyle, aumentó la pérdida de control de los usuarios sobre sus datos.

Los consumidores celebran la sanción

La decisión ha sido recibida positivamente por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), una de las entidades que trasladó sus preocupaciones sobre las prácticas de la compañía americana en materia de datos.

Su director general, Agustín Reyna, ha calificado la resolución como una «buena noticia para los consumidores», al considerar que responsabiliza a Google y confirma la ilegalidad de la forma en la que el gigante tecnológico obtuvo el consentimiento para utilizar los datos de ubicación.

No obstante, BEUC ha criticado la duración del procedimiento. La organización ha considerado que los más de 8 años transcurridos desde que comenzaron a plantearse estas preocupaciones son excesivos.

Una de las informaciones más sensibles para las tecnológicas

BEUC ha señalado que los datos de geolocalización constituyen una de las herramientas más invasivas dentro de la estrategia comercial de las grandes compañías tecnológicas debido a la cantidad de información que pueden revelar sobre los usuarios.

Un mazo de juez junto con el logo de Google
Un mazo de juez junto con el logo de Google. Foto: IA

La ubicación permite conocer patrones de comportamiento y visitas a determinados lugares que pueden aportar información sobre aspectos privados de una persona, desde sus creencias religiosas o su estado de salud hasta sus opiniones políticas o su orientación sexual.

La multa de 403 millones de euros se suma así a la creciente presión de los reguladores europeos sobre las grandes tecnológicas por el tratamiento de los datos personales y el uso del consentimiento de los usuarios.

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