Más de 130 empleados de Vivanta excluidos de la venta a Vitaldent piden al Juez que decida si deben ser incluidos
Los empleados de los servicios centrales de Grupo Aestes, dueño de las clínicas dentales Vivanta, han sido excluidos de la oferta de compra presentada por el fondo OTPP.
Imagen de una clínica de Vivanta.
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Más de 130 empleados de Grupo Aestes, dueño de las clínicas Vivanta, que trabajan en servicios centrales y que han sido excluidos de la oferta que ha realizado por la compañía el fondo OTPP (propietario en España de las clínicas Vitaldent), se han movilizado ante el riesgo de tener que seguir trabajando hasta el cierre de la operación sabiendo que sus puestos serán entonces suprimidos.
A principios de este mes el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid declaró en concurso a Grupo Aestes, con un pasivo y deudas por un importe cercano a los 100 millones de euros, y un activo valorado en tan solo cuatro millones.
La solicitud de concurso vino acompañada simultáneamente de una oferta de compra de 61 clínicas y otros activos por parte del fondo canadiense OTPP, dueño del grupo Vitaldent a través de la sociedad Donte Group, por un importe total de 57 millones, como ha publicado este diario.
La oferta nada dice del coste de indemnizar a 134 trabajadores de servicios centrales y a los empleados de 64 clínicas
El fondo se compromete en su oferta a subrogarse 656 trabajadores de las 61 clínicas que compra quedando fuera los 134 empleados de los servicios centrales de Aestes Dental, los trabajadores de las 64 clínicas excluidas, y los del negocio de estética.
Los empleados afectados de los servicios centrales, 134, que no tenían representación sindical ni comité de empresa, han contratado los servicios del abogado Francisco Suárez Porto para representarles.
De acuerdo al contenido de la oferta de OTPP por Vivanta, esta exige que los servicios centrales de la compañía sigan funcionando hasta el cierre de la operación, y que los empleados que trabajan ahí presten servicio al comprador entre tres y seis meses después, para finalmente ser despedidos.
«La ley atribuye al Juez del concurso la decisión sobre qué puestos de trabajo forman parte de la venta, y lo que pedimos es que la tome expresamente, con un informe de la Inspección de Trabajo y después de oír a los trabajadores, como exige la ley», explica el letrado en conversación con este diario.
El Fogasa «cubre 20 días por año, pero con un límite de unos 95 euros diarios y de un año de salario como máximo«, señala. «Para quien gane más de unos 2.900 euros brutos al mes, la diferencia se queda como deuda del concurso, y con los números que tiene la compañía es difícil que se llegue a cobrar», subraya.
Suárez Porto señala que el informe elaborado sobre la oferta presentada por OTPP -el fondo que gestiona los ahorros de los profesores jubilados de Ontario (Canadá)- computa como beneficio del escenario de venta que se evita el coste de despido de los 656 empleados subrogados, que cifra en unos 16 millones de euros.
Sin embargo «no computa como coste del mismo escenario las indemnizaciones de los 134 trabajadores de servicios centrales, ni las de los trabajadores de las 64 clínicas exlcuidas«, dice.
El abogado de los empleados de servicios centrales de Aestes destaca que el mismo informe del experto sobre la oferta de OTPP «no incorpora un plan de negocio formal ni proyecciones económico-financieras».
Tampoco se precisa información contable, sobre trabajadores o criterios seguidos para determinar el cierre de 64 clínicas Vivanta.
La oferta identifica 646 trabajadores adscritos a 61 clínicas que serían adquiridas, una media de 10,75 empleados por clínica.
«Aplicada esa misma ratio a las 64 clínicas excluidas, el número de personas trabajadoras que quedarían fuera del perímetro sería del mismo orden de magnitud que el de las subrogadas, sin que ni la oferta ni el informe cuantifiquen el coste de sus extinciones ni lo computen en el test de liquidación», destaca.
Grupo Aestes está controlado por el fondo estadounidense Ares Management, accionista del Atlético de Madrid. En su capital participan también la sociedad de capital riesgo española Portobello y BNP Paribas.
El grupo Aestes percibió a mediados de 2022 una ayuda pública de 40 millones de euros concedida por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi.
