Trump vuelve a atacar a la eólica marina y pone en alerta el proyecto estrella de Iberdrola en EEUU
La eléctrica española mantiene abiertos frentes judiciales por los que está en juego su mayor parque eólico en el país
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, durante la cena Estado organizada por el Emir de Qatar por la visita de Donald Trump
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El Gobierno de Donald Trump intensifica su ofensiva judicial contra la eólica marina al intentar reabrir la autorización de Revolution Wind, el parque de la danesa Orsted que ya ha comenzado a suministrar electricidad. La nueva estrategia eleva la incertidumbre regulatoria en el sector y vuelve a poner bajo presión el proyecto estrella de Iberdrola en Estados Unidos.
El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán, a través de su filial Avangrid, participa junto con el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en Vineyard Wind, un parque eólico de 806 megavatios (MW) y 3.000 millones de dólares de inversión situado frente a la costa del estado de Massachusetts.
Pese a estar ya operativo, mantiene abiertos varios frentes judiciales con la Administración estadounidense que, tras meses de inactividad en su ofensiva contra la energía eólica —llegando a ser uno de sus lemas de campaña antes de su vuelta a la Casa Blanca— , vuelve a la carga.
Ahora busca reabrir la autorización concedida a Revolution Wind, el parque marino promovido por la danesa Orsted junto a Skyborn Renewables que ya ha comenzado a suministrar electricidad, al solicitar que se revise su autorización federal.
El Departamento de Justicia, en representación del Departamento del Interior, presentó el 9 de octubre un escrito ante el tribunal federal del Distrito de Columbia para solicitar que se devuelva a la Administración la autorización de construcción y operación de Revolution Wind.
El objetivo es que Interior vuelva a evaluar si el permiso concedido en 2023 por el Gobierno de Joe Biden cumple la legislación federal, en particular la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, que obliga a ponderar los distintos usos del mar y sus posibles impactos.
Sorprendentemente, la petición se integra en un litigio iniciado en 2024 por la organización ecologista Green Oceans, que cuestiona las autorizaciones federales del proyecto.
Trump pretende aprovechar este procedimiento para reabrir la evaluación del permiso después de que los tribunales federales permitieran a Orsted y a otros promotores de varios parques eólicos marinos, entre los que se encuentra Iberdrola, continuar con sus proyectos tras las órdenes de paralización emitidas por Interior en diciembre de 2025.
La nueva vía jurídica cuestiona ahora la base administrativa para tratar de revocar la autorización ya concedida, en lugar de limitarse a ordenar la paralización de las obras.
Iberdrola mantiene abierto el frente judicial de Vineyard Wind
La situación también afecta al contexto en el que Iberdrola desarrolla su negocio eólico marino en Estados Unidos. Su principal proyecto en este ámbito es Vineyard Wind 1.
La compañía mantiene el parque operativo y la instalación está produciendo electricidad para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de Nueva Inglaterra, de acuerdo con la información de la propia compañía.
Se trata de un activo estratégico para el grupo, que busca consolidar su presencia en uno de los mercados con mayor potencial para la eólica marina, pero que también se ha convertido en escenario de una disputa con la Administración Trump.
Iberdrola y su socio lograron que un juez federal de Massachussets suspendiera en enero la orden de paralización de diciembre de 2025, lo que permitió reanudar las actividades afectadas. Sin embargo, el litigio no está todavía cerrado, según la documentación judicial consultada por ECONOMÍA DIGITAL.
El Gobierno sostiene que la orden era temporal y que la revisión de seguridad nacional continúa abierta, mientras que la compañía española quiere una declaración judicial que limite la posibilidad de que la Administración vuelva a detener el proyecto con los argumentos utilizados hasta ahora.
El 1 de septiembre, el juez encargado del litigio aceptó mantener suspendido el procedimiento hasta el 30 de noviembre, fecha en la que las partes deberán presentar un nuevo informe de situación.
A este frente judicial aún por resolver, que trata solamente sobre la suspensión, se suma otro procedimiento distinto, ante el tribunal federal del Distrito de Columbia.
En este caso, la organización ecologista Ack for Whales y varios particulares impugnan directamente la autorización federal de construcción y operación de Vineyard Wind al Departamento de Energía Oceánica.
La Administración Trump, siendo parte demandada, pidió al tribunal le permitiera revisar la autorización por si fuera legalmente defectusoa, en lugar de defender la decisión adoptada durante el mandato de Joe Biden.
La disputa con GE Vernova queda atrás
La presión regulatoria no ha sido el único problema que ha afrontado el parque de Iberdrola. Vineyard Wind también mantuvo una disputa contractual con GE Vernova, el fabricante de las turbinas que utilizan sus molinos, que en febrero de 2026 anunció su intención de rescindir el contrato al reclamar unos 360 millones de dólares pendientes de pago.
El conflicto se remontaba, en parte, al desplome de una pala de aerogenerador en julio de 2024, un incidente que provocó daños, retrasos y desacuerdos sobre las responsabilidades y los pagos.
Vineyard Wind acudió a los tribunales para impedir que el proveedor abandonara el proyecto, mientras GE Vernova defendía su derecho a poner fin al contrato.
Las partes alcanzaron finalmente un acuerdo amistoso el 16 de septiembre de 2026. GE Vernova retiró su notificación de rescisión y ambas compañías pactaron desistir de las reclamaciones judiciales pendientes, sin hacer públicos los términos económicos del acuerdo.
El conflicto comercial queda así resuelto, pero la evolución de los litigios federales mantiene la atención sobre el futuro regulatorio de uno de los activos más importantes de Iberdrola en Estados Unidos.
