Santander rechaza la venta de Vivanta y dice que la liquidación es la mejor opción para los acreedores
Santander se suma a la Abogacía del Estado y rechaza la venta propuesta del grupo de clínicas dentales Vivanta, rescatada por la Sepi, al fondo OTPP.
Archivo – Sede Banco Santander
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Santander se suma a la Abogacía del Estado y se opone a la venta planteada del grupo de clínicas dentales Vivanta, rescatada por la Sepi, al fondo OTPP, hiriendo gravemente una operación de la que están pendientes más de 1.000 empleados y 30.000 clientes.
El banco presidido por Ana Botín sostiene en un escrito de alegaciones presentado ante el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid, a cargo del concurso del grupo Aestes (dueño de Vivanta), declarado el pasado 3 de septiembre, que la liquidación de la empresa sería más beneficiosa para los acreedores que la venta propuesta al fondo canadiense.
En su escrito, el mayor banco español, acreedor de Vivanta, asegura que la operación proyectada «no solo resulta menos favorable para Banco Santander y para los créditos derivados de operaciones avaladas por el ICO, sino que reduce de forma significativa las expectativas de satisfacción del conjunto de acreedores concurrentes, al resultar el retorno económico derivado de la oferta inferior al que previsiblemente podría alcanzarse mediante una liquidación ordenada de los activos«.
Santander calcula que recuperaría 100.149 euros en caso de venta de Vivanta, mientras que obtendría 1,97 millones en caso de liquidación
La «ausencia de una justificación suficiente acerca de la valoración de los activos y derechos transmitidos», dice Santander, unida a la «significativa diferencia existente entre el valor estimado de los bienes objeto de transmisión y la contraprestación ofrecida» impide considerar que la operación «resulte plenamente conforme con el interés del concurso».
«Aun reconociendo la relevancia que presenta la conservación de la actividad productiva y del empleo«, añade Santander en su escrito al juzgado mercantil, «tales circunstancias no pueden justificar por sí solas una transmisión patrimonial en condiciones que comprometan de forma significativa las expectativas de cobro del conjunto de los acreedores«.
El grupo Aestes, propiedad del fondo estadounidense Ares Management -también participan en el capital del grupo de clínicas dentales la sociedad de capital riesgo española Portobello y el banco BNP Paribas– solicitó su entrada en concurso de acreedores el pasado mes de agosto, acompañando la petición de una oferta de compra elaborada por el fondo OTPP, dueño en España de las clínicas dentales Vitaldent.
El fondo canadiense, que gestiona los ahorros de los profesores jubilados de Ontario, valora su oferta -por 61 clínicas de Vivanta- en 57,2 millones de euros, de los que solo tres millones serían pagados al contado.
CaixaBank no se opone a la venta, pero requiere aclaraciones sobre la oferta del fondo OTPP
El resto del precio ofrecido contempla 16,5 millones de euros de financiación puente y 36,9 millones en tratamientos ya cobrados a los pacientes pendientes de ejecución, además de medio millón de euros en leasings.
El fondo se compromete a la subrogación en las relaciones laborales de 656 empleados; la finalización de tratamientos en curso de más de 30.000 pacientes; y la puesta a disposición de una financiación de hasta 16,5 millones «para sostener la actividad durante la tramitación del concurso y hasta la efectiva transmisión y toma de control de la unidad productiva», a Euríbor más 6% anual.
Además, la oferta incorpora una aportación en efectivo de 3,3 millones de euros «pagadera íntegramente en la fecha de cierre». De esos 3,3 millones de euros, 61.000 euros corresponden a las 61 clínicas (1.000 euros cada una), mientras que 3,2 millones están vinculados a dos inmuebles (el 90% de su tasación).
Santander calcula que, en caso de aceptación de la oferta por Vivanta, solo recuperaría 100.149 euros, mientras que el importe de recuperación en caso de optar por un escenario liquidativo podría ascender a 1,97 millones de euros.
El grupo financiero advierte que la operación de venta planeada conllevaría la adquisición de una actividad económica en funcionamiento «mediante la apropiación indebida de la totalidad de la tesorería y de los derechos de cobro generados«. Lo que limitaría, afirma Santander, los recursos disponibles «para atender las obligaciones de la masa y trasladando el riesgo económico del procedimiento a los acreedores y al propio concurso».
La liquidación de Grupo Aestes, defiende Santander, permitiría la realización individualizada de los activos integrantes de la masa activa «y la obtención de un valor de retorno superior al derivado de la oferta presentada, maximizando las posibilidades de satisfacción de los acreedores y salvaguardando de forma más efectiva el interés del concurso».
También señala que la valoración utilizada para justificar la oferta del fondo OTPP por Vivanta «incrementa artificialmente significativamente el beneficio económico que la operación reporta al concurso«, al incorporar magnitudes, indica, «que no se traducen en una mejora efectiva de las expectativas de recuperación de los acreedores ni en un incremento real de los recursos disponibles para atender el pasivo concursal».
Vivanta, Santander, CaixaBank, Abogacía
El rechazo del Santander a la venta propuesta de Vivanta al fondo OTPP se suma a la oposición mostrada también ante la operación por parte de la Abogacía del Estado, que representa los intereses del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse) -el fondo creado por la Sepi para el rescate de empresas afectadas por la crisis del Covid-.
La Abogacía sostiene que se está tratando en la operación con una ayuda de Estado, al haber recibido la empresa 40 millones de euros del Fasee, en 2022, y que la oferta del fondo canadiense «no ha tenido en cuenta las especialidades del crédito titulado por el Fasee».
Además ha denunciado que la compañía no ha informado debidamente de sus proyecciones económicas y que está derivando pacientes a la competencia (Vitaldent).
«En el ámbito de ayudas de Estado», advierte la Abogacía, «todo aquello que no está expresamente reconocido por la Comisión Europea como compatible con el Mercado Interior no está autorizado«.
Por ello, concluye, la oferta presentada por Vivanta «resulta contraria al Derecho de la UE«. Además de requerir al juzgado mercantil que deniegue la venta planteada de Vivanta al fondo OTPP, también solicitó que se pidiera informe al respecto de la Comisión Europea.
La juez Ana María Gallego, al frente del concurso de Vivanta, ha accedido a la solicitud de la Abogacía, y ha requerido dictamen a la Comisión Europea.
Otro de los acreedores financieros de Vivanta, CaixaBank, también ha presentado alegaciones ante el juzgado. La entidad, a diferencia de Santander, no se opone a la venta, pero sí requiere que se aclaren ciertos aspectos de la oferta, como ha publicado Economía Digital.
