ACS y Sando recurren al Tribunal Supremo la condena por el muelle 9 del Puerto de Málaga
El bloqueo judicial ensombrece el mejor ejercicio económico del siglo para la institución, que ha disparado sus beneficios hasta los 4,5 millones
Buque de MSC en el Puerto de Málaga. Imagen: EP
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Las constructoras vinculadas a los grupos ACS y Sando han decidido llevar hasta el Tribunal Supremo su condena por el fraude en las obras de ampliación del Puerto de Málaga.
El conflicto judicial tiene su origen en las irregularidades cometidas durante la ejecución del proyecto denominado ‘Muelle nº 9 – Nueva Solución Sur‘. A principios de los años 2000, la Autoridad Portuaria adjudicó esta gran infraestructura a una unión temporal de empresas (UTE).
En el seno de esta alianza empresarial, el Grupo Dragados y su filial Construcciones Especiales y Dragados (DRACE) —ambas pertenecientes al holding ACS— sumaban el 60% de la participación, mientras que la constructora andaluza Construcciones Sánchez Domínguez – Sando ostentaba otro 40%.
La trama consistió en un fraude millonario en el que se alteraron las certificaciones de obra, alterando las profundidades portuarias para justificar el uso de toneladas de escollera que nunca se vertieron al mar y cobrando por dragados superiores a los realmente ejecutados.
Tras años de instrucción, el procedimiento culminó con una sentencia dictada en diciembre del pasado año. En dicho fallo, tras la confesión de los técnicos implicados, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a las filiales de ACS y a Sando como responsables solidarias «a título lucrativo», al considerar que han sido las beneficiarias finales de los sobrecostes.
Un pago que queda pendiente
El dictamen judicial obligaba a estas compañías al pago solidario de una indemnización principal de 3,22 millones de euros, además de unos intereses indemnizatorios generados desde el año 2003 que rozan los 2,5 millones de euros.
Sin embargo, la presentación de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo ha paralizado la firmeza de la condena económica para las empresas, dejando en el aire el cobro por parte del recinto portuario.
Como consecuencia, el Puerto de Málaga se ha visto obligado a modificar sus estados financieros, emitiendo unas cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio 2025. Ante la advertencia expresa de la Abogacía del Estado sobre las dudas acerca de la «suficiencia patrimonial de los obligados al pago», el organismo público ha optado por borrar cautelarmente de su balance un total de 2,5 millones de euros en concepto de intereses de demora que ya contabilizaba como ingresos financieros seguros.
Mejor resultado portuario del siglo
Precisamente este bloqueo judicial afecta uno de los muelles que está ahora en pleno proceso de ampliación, junto con la creación de una nueva explanada en el muelle 8.
Ha sido en los últimos meses cuando se ha hecho pública la licitación, valorada en 48,3 millones de euros y que hará ganar más de 70.000 metros cuadrados al recinto portuario en 27 meses.
A pesar del contratiempo del juicio y de las inversiones, el Puerto de Málaga ha cerrado lo que denominan el mejor ejercicio económico «del siglo XXI». Muestra de ello es que el resultado neto se ha disparado hasta los 4,51 millones de euros, multiplicando casi por tres los 1,62 millones registrados en 2024.
Este crecimiento se sustenta en un tráfico total de 5,6 millones de toneladas de mercancías, un volumen que representa un incremento del 24,3% interanual. El gran motor de este auge ha sido el tráfico de contenedores, que ha experimentado un aumento del 76%, conformando el «mayor crecimiento registrado en el conjunto del sistema portuario español».
Bloqueo presupuestario y tensiones geopolíticas
De cara a los próximos años, la memoria económica advierte sobre dos amenazas macroeconómicas. En el ámbito internacional, el texto subraya el impacto del inicio de la guerra en Irán, un conflicto que está generando alteraciones sobre el tráfico marítimo global al desviar las grandes rutas comerciales de contenedores por el sur de África.
A nivel nacional, el puerto señala la parálisis política española como un lastre para su gestión. El tercer año consecutivo de prórroga presupuestaria por parte del Gobierno central ha provocado la «imposibilidad de ajustar los coeficientes correctores de las tasas portuarias».
Además, esto no permite tampoco «modificar la política de bonificaciones comerciales», limitando así la capacidad competitiva del puerto malagueño.
