Actualizado
Comentarios
Aifos, la promotora del ‘Caso Malaya’, reaparece como mayor acreedora del Guadalpín Banús
La propiedad dividida sigue siendo el principal problema del Guadalpín Banús para funcionar con normalidad y hacer frente a sus deudas
Aifos, mayor acreedor de Grisoma Hotelera. Economía Digital
Comentarios
El pasado mes de abril, Grisoma Hotelera SL, sociedad propietaria del histórico Gran Hotel Guadalpín Banús, entró en concurso de acreedores, tal y como adelantó este digital. Cinco meses después, la administración concursal ha presentado la lista en la que figuran como principales acreedores la promotora Aifos, conocida por su vinculación con el ‘Caso Malaya’, y SPV Spain Project 17.
La Administración Concursal, dirigida por el despacho RocaJunyent, ha sido la encargada de elaborar la lista y el resultado confirma lo que apuntaba la propia historia del complejo. La deuda del hotel está, en gran parte, en manos de los propietarios de partes físicas del propio edificio.
Según el listado, consultado por este periódico, Grisoma Hotelera acumula un pasivo reconocido de 19 millones de euros con un total de 77 acreedores. Sin embargo, la deuda se concentra entre Aifos y Promociones Inmobiliarias, con más de 6 millones de euros, y SPV Spain Project 1, con 5,18 millones. Por si solas, reúnen cerca del 59% del pasivo total.
Por detrás aparecen Caja Rural de Granada (1,7 millones), la gestora de inversión en bienes inmuebles Ferase (1,14 millones) y Banco Sabadell (998.707 euros). El resto, más de 70 acreedores, son proveedores, sociedades patrimoniales y particulares. la mayoría con créditos que no superan los 100.000 euros.
Aifos y SPV, protagonistas en el Guadalpín Banús
Para comprender el origen de la deuda es importante identificar quiénes son los dos principales acreedores. El primero es Aifos, la promotora insignia del ‘Caso Malaya’ que levanto el Gran Hotel Guadalpín entre 2002 y 2005. Tras su propia quiebra en 2009 y su liquidación en 2014, dejó el complejo repartido entre múltiples propietarios.
Que continue figurando como el mayor acreedor de la hotelera confirma que el vínculo entre ambas compañías, simbolizado en la figura de Manuel Torres Ojeda, administrador de Grisoma Hotelera y antiguo abogado de Jesús Ruiz Casado, presidente de Aifos, nunca llegó a romperse.
SPV Spain Project 17 es la empresa que, junto a Caja Rural de Granada, se hizo con la propiedad de sótanos, locales comerciales y decenas de apartamentos del complejo a través de ejecuciones hipotecarias derivadas de las deudas de Aifos.
Esta sociedad es la protagonista directa del desalojo de julio de 2024. Fue precisamente por el litigio de rentas entre SPV, Caja Rural y Grisoma por lo que un juzgado ordenó el cierre de 49 de las 181 habitaciones del hotel, sus cocinas, tres restaurantes y el aparcamiento, con la consiguiente ERTE para 106 de sus 180 trabajadores.
Esta intervención sorprendió a los 200 clientes que se encontraban alojados en el hotel y a los trabajadores, que se vieron impedidos de acceder a sus puestos.
A día de hoy, las instalaciones continúan cerradas. La página web muestra el siguiente aviso: «El hotel ha cerrado temporalmente algunas instalaciones, como los restaurantes Jatame, Brasería e Il Mare, así como el aparcamiento cubierto. Como compensación, ofrecemos un 20% de descuento ya aplicado a todas las reservas realizadas en nuestra página web para llegadas hasta el 31 de octubre de 2026″
Un nuevo fallo judicial vuelve a enfrentar a los propietarios por los espacios del hotel
La administración concursal ha incorporado a la documentación una sentencia del Tribunal de Instancia de Marbella sobre otro litigio iniciado en 2023, en el que Gestión de Arrendamientos Malagueños (GAM), que figura también entre los acreedores con 258.069 euros, se enfrentaba a SPV Spain Project 17.
El juicio buscaba determinar qué espacios del hotel pertenecen a la Finca de Servicios Hoteleros (FSH), propiedad de GAM y alquilada a Grisoma, y cuáles son locales comerciales propiedad de SPV. La FSH incluye zonas como las cocinas, los restaurantes y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento del hotel.
El juzgado ha dado la razón a GAM y ha considerado válida la división de espacios recogida en la escritura de 2004, por encima de los documentos técnicos internos que Aifos elaboró más tarde y en los que se apoyaba SPV. La sentencia, que puede recurrirse, obliga a SPV a respetar esos límites y a no interferir en la propiedad de GAM. En la práctica es el mismo conflicto de fondo que ya provocó el cierre parcial del hotel en 2024.
El activo de Grisoma supera los 32 millones, pero con poca liquidez inmediata
El otro documento presentado es el inventario de la masa activa, que sitúa el patrimonio de Grisoma en 32 millones de euros, muy por encima del pasivo reconocido. A primera vista, la cifra muestra una buena situación económica, pero al analizarla con más detalle el panorama cambia. El 92% de los activos están concentrados en dos partidas que son difíciles de convertir en liquidez de forma inmediata.
18,1 millones de euros corresponden al valor estimado de la «unidad de explotación», es decir, al hotel como negocio en funcionamiento. La Administración Concursal calcula esa cantidad pensando en una posible venta del alojamiento en marcha.
Los otros 11,45 millones de euros corresponden a una cantidad que Grisoma reclama a la comunidad de propietarios del complejo. Se trata de un cobro que está pendiente de resolución judicial en un procedimiento que continúa abierto.
El resto (inmovilizado material, existencias y tesorería) apenas suma algo más de 1,5 millones de euros. A 13 de agosto de 2026, la sociedad contaba con 1,55 millones de euros en cuentas bancarias y algo más de 24.600 euros en caja, una cifra de liquidez mínima si se compara con los 19 millones de pasivo reconocido.
El concurso de acreedores presenta un activo que casi dobla al pasivo, pero gran parte de esa solvencia depende de que el hotel siga funcionando con normalidad, algo que, como demuestra el historial reciente, no está garantizado mientras sigan sin resolverse los conflictos de propiedad, y de que Grisoma gane un litigio todavía pendiente.
Los acreedores disponen ahora de 10 días para impugnar el inventario o la lista de acreedores. La Administración Concursal tiene 15 días para presentar el informe sobre la calificación del concurso y tanto Grisoma como los acreedores disponen de 15 días desde la presentación del informe de la AC para lanzar una propuesta de convenio. Si no lo hacen, la ley obliga a abrir la fase de liquidación.
