Andalucía estudia medidas contra el plan estatal de vivienda por su financiación
La propuesta del Ministerio es "mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal"
Un conjunto de viviendas en Sevilla. Foto: Metrovacesa.
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La consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha lamentado este jueves la «imposición» del Gobierno de España en materia de política de vivienda y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería está revisando el contenido del plan estatal porque «no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación», dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.
Pese a todo, la Junta «acepta el porcentaje» de reparto que le corresponde a Andalucía, un 17,1%, por ser el «mismo» que en el anterior plan, aunque va a trasladar en el seno de la Conferencia que «una vez más, pedimos que las políticas de vivienda requieren de consenso y diálogo» para «sacar un reto tan importante» como el acceso a una vivienda.
En declaraciones a los medios antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid, Díaz ha criticado que el Ministerio de Vivienda «trate de imponer su modelo de vivienda» con un plan estatal que «deberíamos tener en marcha desde el pasado 1 de enero de 2026». Además de la «imposición», la Junta ha reclamado «más inversión» del Estado en vivienda porque frente a la inversión de Andalucía que «multiplica por seis» según el plan de estatal, la del Estado se multiplica por dos.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado para este jueves a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan. El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente.
La propuesta del Ministerio es «mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal», según han informado fuentes del Departamento gubernamental, que confía en llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas que permita desplegar «cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía».
El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
