Andalucía se rebela contra el decreto de centros de datos del Gobierno que afecta a 10.000 millones de inversión
El Ejecutivo autonómico presentará alegaciones para flexibilizar las exigencias energéticas e hídricas del Estado en los 20 proyectos de la comunidad autónoma
Actual centro de procesamiento de datos de la Junta de Andalucía. Imagen: EP
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La Junta de Andalucía ha anunciado la presentación de alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ejecutivo central que establece nuevos requisitos para la implantación y el funcionamiento de los centros de datos.
La administración autonómica ha tomado esta decisión al considerar que la nueva regulación afecta a más de 20 proyectos privados en la región que están «comprometidos» por la normativa y que suman una inversión agregada superior a los 10.000 millones de euros.
El objetivo del Gobierno andaluz, según ha declarado el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, es garantizar que el territorio español mantenga su competitividad para atraer grandes capitales vinculados a la inteligencia artificial y a la economía digital.
El representante autonómico, además, ha lamentado que el borrador estatal «penalice a las regiones que, como Andalucía, son motores en la generación de energía renovable gracias a sus condiciones climáticas privilegiadas».
Nieto ha advertido que las exigencias técnicas planteadas «ignoran la realidad del mercado». Como ejemplo, ha señalado que el límite impuesto para el indicador de eficiencia energética (PUE) de 1,15 resulta inalcanzable, puesto que la media española es de 1,36 y la del sur de Europa se sitúa en el 1,57.
El consejero considera «necesario mejorar el enfoque del proyecto del Real Decreto para evitar que determinados requisitos se conviertan en restricciones excesivamente rígidas que no tenga en cuenta las características climáticas y territoriales de cada comunidad ni la evolución de las tecnologías disponibles».
Normativa ambiental, pero ajustada al mercado
Pese a la oposición al texto actual, la Junta defiende los estándares ambientales: «Queremos centros de datos sostenibles, eficientes y seguros, como demuestra el propio proyecto que estamos ejecutando en Sevilla. Pero no queremos centros de datos a cualquier precio, ni que España sea el país que solo produce energía renovable mientras otros se quedan con inversión, empleos e inteligencia artificial», ha sentenciado Nieto.
Para equilibrar este escenario, la administración andaluza propondrá que el cumplimiento del objetivo del 90% de generación renovable se compute por comunidades autónomas.
Esta postura coincide con la «preocupación expresada» por comunidades como Aragón y Extremadura, que también han anunciado alegaciones al texto estatal para reclamar una mayor participación territorial.
En materia hídrica, la Junta ha reclamado que la ley diferencie entre el uso de agua potable y no potable en el cálculo del índice de eficiencia (WUE).
El proyecto de real decreto otorga un margen de 6 meses para que las instalaciones que aún tramitan sus permisos se adapten. La norma exige que los nuevos centros cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico de cada hora con energía renovable producida en esa misma franja, procedente de nuevas plantas inauguradas como máximo 18 meses antes.
Proyectos por toda la geografía andaluza
Estas directrices afectan directamente a infraestructuras proyectadas en el territorio andaluz, como el centro promovido por Saltburn Holding y Meridian Data Centers en el Málaga TechPark, el cual ha sido declarado de interés estratégico.
El impacto regulatorio, que incluye posibles recargos o la pérdida de la conexión a la red, se extiende a otros desarrollos. En Granada, Alto Infrastructure construye el centro SP01 con refrigeración líquida y 100 MW de potencia previstos para 2029.
En Huelva, por su parte, Go Energy tramita el proyecto TRON entre Trigueros, San Juan del Puerto y Gibraleón, aspirando a 200 MW vinculados a plantas de hidrógeno y amoniaco verde.
Y Edge Mode avanza en los trámites de dos centros de 300 MW en la capital cordobesa y Torrecampo, mientras que Elmya planifica tres instalaciones de 10 MW cada una en Sevilla.
De forma paralela a la iniciativa privada, la Junta avanza en la construcción de su propio centro de proceso de datos, denominado El Palenque, en el Sevilla Tech Park y con una inversión asociada de 36 millones de euros.
La administración ha confirmado que las obras han alcanzado el 33% de ejecución y que el centro, calificado por Nieto como el «corazón tecnológico» de la Junta, iniciará operaciones en junio de 2027.
