El Gobierno 'vende' en Barcelona su negociación colectiva 

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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

María Luz Rogríguez con Joaquim Gay de Montellà

01 de julio de 2011 (13:07 CET)

La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez Fernández, ha defendido este viernes la reforma de la negociación colectiva por la que apuesta el Gobierno en la sede de Foment del Treball. El encuentro con los empresarios catalanes es el primero de la lista, ya que en las próximas semanas la socialista venderá el proyecto de ley a varias patronales y sindicatos. Una propuesta que cambiará a lo largo del trámite parlamentario y que ya ha sumado las críticas tanto de los representantes de los empresarios como de los trabajadores.

En Via Laietana, Rodríguez Fernández ha hablado de una reforma “en la que hay más negociación y ordena mejor los sectores”. Asimismo, ha recordado los avances que se hacen “en flexibilidad interna” y en “poner límites temporales cuando se renegocie un convenio”. Esta última iniciativa es, precisamente, una de las más contestadas por los actores sociales, que valoran excesivos los ocho meses que proponen para los convenios que tengan menos de dos años de vigencia y 14 para los más longevos. “Es el tiempo medio que se tarda en llegar a un acuerdo”, asegura la socialista.

Igualmente, en su intervención ha abogado por la constitucionalidad de la figura del arbitraje. Una obligatoriedad para las negociaciones que se enroquen y superen los límites temporales incluidos en la propuesta de ley. “El mismo Tribunal Constitucional avala esta figura en los casos que sea justificado”. Asimismo, ha recordado que en el documento del Consejo de Ministros se deja claro “que los agentes sociales marcan el arbitraje” y que desaparece “en el momento en que se vuelve a negociar”.

Diálogo

Con todo, la secretaria de Estado ha solicitado de nuevo a la CEOE y a las dos grandes organizaciones sindicales del país (UGT y CCOO) que se sienten y continúen buscando puntos de encuentro en este sentido. “Nos comprometemos a incluirlos en la ley durante el trámite parlamentario”.

Momento en el que el Gobierno de Zapatero se volverá a encontrar entre la espada y la pared si no pacta con los dos grupos que salvaron in extremis la propuesta de negociación colectiva: CiU y PNV. Por el momento, Rodríguez Fernández ve con buenos ojos que los convenios que se acuerden en las comunidades tengan más peso que los estatales “por la lógica de la proximidad”. Una petición del grupo parlamentario presidido por Duran i Lleida.

Asimismo, niega que la iniciativa de la federación nacionalista merme la simplificación que se pretendía inicialmente: “Todos los convenios tendrán una base común (contratación, periodo de prueba, riesgos laborales...) y poco a poco los provinciales tendrán una dimensión más pequeña frente a los pactados en las empresas”.
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