Junqueras se niega a confirmar si ATLL paga los impuestos que debe

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) fue uno de los grandes dolores de cabeza del Govern de Artur Mas, y lo heredó el de Carles Puigdemont. A pesar de que el nuevo Ejecutivo ha cambiado las formas y esta misma semana ha mostrado diferencias con Acciona, gestor de la concesionaria, no parece que vaya a ponerse duro con las cuentas pendientes de ATLL.

A finales de 2012, la Generalitat adjudicó la gestión del abastecimiento de agua a 4,5 millones de personas en Barcelona y su área metropolitana, a un consorcio liderado por Acciona (39%) y el banco brasileño BTG Pactual (39%), en el que también participaban las familias Rodés y Godia Torreblanca. BTG ha abandonado el barco y Acciona tiene ahora la mayoría, aunque no ha determinado con qué porcentaje.

Una deuda de hace más de tres años

Desde que formalizó la concesión, por 50 años y 1.000 millones de euros, Acciona debe 40 millones de euros a la Generalitat en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). Por ley, como la compañía se encuentra en un litigio, puede demorar el pago de este impuesto hasta que haya una sentencia firme. 

La conselleria de Economia, que depende ahora del líder de ERC, Oriol Junqueras, no aclara si ATLL está ya al corriente de sus impuestos con el Govern. Fuentes del departamento, del que depende la recaudación de los impuestos autonómicos, aseguraron que no pueden decir si un contribuyente, sea persona física o jurídica, paga sus impuestos.

Por tanto, tampoco respondieron si serán más beligerantes que el anterior Govern con este tema y reclamarán ya el pago de los 40 millones de euros del impuesto de transmisiones, pendientes desde hace más de tres años.

Primer desencuentro

El Govern y Acciona chocaron este martes por primera vez desde la privatización de las aguas catalanas. Fue a raíz de un informe de la Oficina Antifraude, que denunciaba incumplimiento del contrato de concesión, por la subrogación de parte de la actividad a dos filiales de Acciona sin autorización administrativa.

La portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ya había detectado esta irregularidad y la había comunicado a la Agencia Tributaria. Acciona defendió que era legal y que el único problema fueron «los retrasos en el otorgamiento de la autorización administrativa» por parte de la Generalitat.

El último recurso

Este ha sido el primer desencuentro entre dos actores, Acciona y el Govern, siempre aliados desde la concesión. El otro consorcio que optaba a la adjudicación, liderado por Agbar, reclamó primero al organismo que vigila los concursos de la Generalitat, que le dio la razón, y luego a la justicia ordinaria, que también se la dio y pidió la revocación del contrato al consorcio de Acciona.  

La Generalitat siempre ha defendido que Acciona debe mantener la gestión y ha recorrido las sentencias, como la última del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenaba anular el concurso. El Govern no lo hizo porqué recurrió la sentencia al Tribunal Supremo (TS), que tendrá la última palabra.

La venta de BTG Pactual

Esta situación de incertidumbre no frenó a Acciona para hacerse, en enero, con la participación de BTG Pactual. Un fondo británico, Pioneer Point Partners, asegura ser socio de ATLL a través de Aigües de Catalunya Limited, la sociedad a través de la cual BTG controlaba su participación en la concesionaria del agua catalana, y que está controlada por dos sociedades en las islas Caimán y Bermudas, consideradas paraísos fiscales.

Acciona asegura no conocer la presencia de este fondo, que publicita ATLL como una de sus participaciones en su página web, a pesar de que uno de sus socios fundadores explicó a Economía Digital que iniciaron relaciones en 2010, para explorar negocios conjuntos.