El Govern mima a ATLL aunque le debe 40 millones en impuestos

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De gran privatización a gran fiasco

El consejero de Cultura, Santi Vila, en una imagen de archivo

02 de noviembre de 2015 (17:28 CET)

El de ATLL (Aigües Ter-Llobregat) ha sido uno de los culebrones de las legislaturas de Artur Mas, después de una polémica adjudicación a Acciona en contra de parte del Govern, que prefería a Agbar. Actualmente, la adjudicación está en el aire, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) diera la razón a Agbar y anulara el concurso, decisión que la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo.

Al margen de este contexto, y de que anular la adjudicación le costará a Mas 326 millones de euros, Acciona debe todavía 40 millones de euros en impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), un impuesto autonómico, desde que se formalizó la operación, hace casi tres años.

La deuda no importa

El Govern no parece muy por la labor de reclamar esa deuda. Sus acciones más bien dicen lo contrario. La Generalitat colabora este martes en una jornada organizada por ATLL sobre la innovación en el agua. La jornada 'Investigación, desarrollo e innovación en el agua de consumo humano' cuenta con dos colaboradores: la conselleria de Territori i Sostenibilitat y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), adscrita a la misma conselleria.

Es la segunda edición de esta jornada. La primera se celebró el año pasado y fue clausurada por Santi Vila, conseller de Territori. En este caso, será la apertura lo que irá a cargo de la conselleria, mientras la clausura la hará el director de la ACA, Jordi Agustí. La jornada la conduce Susana Quadrado, redactora jefe de La Vanguardia.

Un gran fiasco

La privatización de ATLL, que abastece de agua a Barcelona y su área metropolitana, donde viven 4,5 millones de personas, ha sido uno de los grandes fiascos de Artur Mas en sus años al frente del Govern. El objetivo, en época de vacas muy flacas, era conseguir mil millones de euros, en lo que debía ser la mayor privatización de los últimos años.

Pero el caso se enmarañó con el recurso de Agbar al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), un órgano consultivo de la Generalitat que sorprendió dando la razón a Agbar y quitándosela, así, al Govern. Aun así, el ejecutivo catalán mantuvo el concurso, con lo que terminó oficializando la adjudicación a Acciona.

Anular el concurso costará 326 millones

Agbar llevó el caso a la justicia y, después de varias sentencias y recursos, en junio el TSJC anuló el concurso. Sin embargo, mientras se resuelve el recurso del Govern al Supremo, la adjudicación continúa en el aire. De momento Acciona, que ganó el concurso junto a BTG Pactual y las familias Godia y Rodés, sigue con la gestión, pero no ha hecho frente al pago del ITP pendiente.

Anular la adjudicación, algo que parece probable tal y como ha ido la vía judicial, le costará al Govern 326 millones de euros, según admitió el todavía conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en julio. De estos, 300 como devolución de la cantidad abonada por el consorcio liderado por Acciona en el momento de la firma, en 2012; cinco millones correspondientes a inversiones, y el resto en concepto de intereses.
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