El nuevo decreto ómnibus del Gobierno deja en duda varias deducciones fiscales

El debate político en torno al decreto ómnibus se ha centrado en la prórroga de la suspensión de los desahucios, pero la norma recoge también un paquete de incentivos fiscales en el IRPF

Agencia tributaria. Deducciones.

El Congreso de los Diputados someterá a votación el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero. Se trata de un nuevo decreto ómnibus, un concepto que hace referencia a la figura que agrupa en un solo texto normativo una gran cantidad de reformas dispares sobre temas que no guardan relación entre sí.

A pesar de que el debate político en torno al decreto ómnibus se ha centrado en la prórroga de la suspensión de los desahucios, la norma recoge también un paquete de incentivos fiscales en el IRPF. De no aprobarse, quedarán sin efecto para este año, según viene advirtiendo la firma Tax Down.

Varias deducciones, en el aire

El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado el pasado 23 de diciembre, amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga en inmuebles propios.

Las dos medidas tenían efectos desde el 1 de enero de este año y permitían a los contribuyentes deducirse un porcentaje de lo pagado por la compra de este tipo de vehículos o por la instalación del cargador en su garaje. 

El nuevo decreto ómnibus recoge la extensión temporal de estos incentivos, en línea con el Plan España Auto 2030 y con los objetivos de descarbonización.

Consecuentemente, si no recibe luz verde del Congreso de los Diputados, los contribuyentes que hayan comprado o tengan previsto comprar un vehículo eléctrico, pero también quienes quieran instalar un punto de recarga, no tendrán derecho a aplicar la deducción correspondiente en su declaración de la Renta.

Obras de mejora de eficiencia energética

Otra de las medidas incluidas en el paquete es la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, que abarca tres tramos:

  • Obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración: se prorrogaría hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para realizar las obras y hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para alquilar la vivienda en caso de expectativa de arrendamiento.  
  • Obras de mejora en el consumo de energía primaria no renovable: mismo plazo de prórroga.  
  • Obras en edificios de uso predominantemente residencial: el plazo se ampliaría hasta el 31 de diciembre de 2027. 
Una de las dudas más frecuentes entre los inquilinos es si deben asumir el coste de las obras y reparaciones de la vivienda. Foto: Freepik. Deducciones.
Los contribuyentes que hayan realizaron obras el año pasado no podrán aplicarse la deducción en la campaña de la Renta de 2025, si no se aprueba el decreto ómnibus. Foto: Freepik.

Si no se aprueba el decreto, los contribuyentes que hayan realizaron obras el año pasado no podrán aplicarse la deducción en la campaña de la Renta de 2025, de la misma manera que quienes estén ejecutando o planificando rehabilitaciones este año tampoco podrán beneficiarse de ella más adelante. 

Módulos de autónomos

Otra de las medidas tributarias que depende del decreto es la prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva para pequeños autónomos.

De no prosperar la prórroga para este año, los umbrales de ingresos y compras que determinan quién puede acogerse a este régimen simplificado caerían a niveles inferiores.

Si el Congreso de los Diputados no da luz verde al decreto ómnibus, un grueso considerable de autónomos deberá cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse

Una de las consecuencias directas de ello sería la obligación para un grueso considerable de autónomos a cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse. 

Imputación de rentas inmobiliarias

En la misma línea, el decreto recoge el mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias del 1,1% para inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados desde el 1 de enero de 2012. Si el decreto no se aprueba en el Congreso de los Diputados, el porcentaje subirá al 2 %, lo que elevará la carga fiscal para los propietarios afectados. 

Con todo, la Agencia Tributaria cuenta con un plazo de revisión de hasta 4 años sobre las declaraciones del IRPF, por lo que tiene de plazo hasta 2029 para revisar la Declaración de la Renta de 2025 y reclamar si el contribuyente aplica deducciones que no están vigentes. 

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