La juez levanta la imputación a un ex alto cargo del Puerto de BCN

La juez que instruye la investigación de un presunto fraude de 34,9 millones de euros en el Puerto de Barcelona ha levantado la imputación a un ex alto cargo del organismo. La magistrada considera que no se han reunido suficientes indicios de criminalidad en la figura del ex subdirector general de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Rafael Escutia, para confirmar que participó en las irregularidades.

La titular del juzgado número 5 de Barcelona, Asunción González, también levanta las acusaciones otras cuatro personas. No obstante, la magistrada sigue adelante con la causa y pide a las partes que formulen sus escritos finales sobre el resto de 13 imputados. Entre ellos, figuran varios técnicos y empleados de las compañías que participaron en la obra: FCC, Ferrovial y Copisa, entre otras.

Trama

El caso se centra en la construcción del Dique Este del Puerto de Barcelona. En el auto con fecha de 10 de octubre, al que ha tenido acceso Economía Digital, la magistrada repasa las múltiples tretas que el grupo hizo. La magistrada explica que para la construcción de la obra fue necesario generar dos explanadas destinadas a la construcción de bloques de hormigón que contractualmente correspondía abonar a los ganadores de la licitación. No obstante, esos terrenos se acabaron facturando a la APB.

“Por otra parte, la UTE incluyó en su facturación el suministro de material de escollera que de decía realizado durante los años 2004 y 2005 por la empresa Coterras y que en realidad se basaba en facturas ficticias”, relata la magistrada. Además del desfalco, la emisión de los documentos simulados, dice el auto, supone una defraudación tributaria del impuesto sobre el valor añadido de 494.450 euros el primer año y de 509.402 el segundo.

Argumentación

La magistrada señala que los cambios en las condiciones de los pliegos no es el objeto del presente procedimiento sino “la fisura que permitió que los hechos se produjeran”. El puerto, con el visto bueno del director de obra, Xavier Martí, permitió el giro a la APB de las explanadas bajo otros conceptos.

La argumentación de la magistrada señala que la investigación de la Agencia Tributaria así como la posterior de la Guardia Civil permitió constatar que una “parte de la obra que se realizaba en el puerto no requería el aporte extraordinario de escollera”. Además, señala que en caso de necesitarlo, había otras empresas en condiciones de realizar los trabajos que se ajustaban a la normativa vigente y no Coterras, que en ningún momento entró en los controles de acceso y pesaje de la carga requeridos en el Puerto.

La juez también se basa en pinchazos telefónicos. En uno se recoge un extracto de una conversación de uno de los administradores de las empresas que asegura que “la verdad es esta, ni camiones ni hostias ni nada”. En otro extracto, se analiza la necesidad de contratar a un vigilante para que diga que sí ha visto los camiones descargar material.