Imputado un ex subdirector del Puerto de Barcelona por la obra del Dique Este

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El juez investiga una presunta trama sospechosa de haber cobrado escombros por piedra de cantera

31 de marzo de 2011 (18:12 CET)

El juez ha citado a declarar como imputado a un ex subdirector general del Puerto de Barcelona por su implicación en la trama sospechosa de fraude en las obras de ampliación del Dique Este en 2001
Se trata del ex subdirector general de Infraestructuras y Conexiones Intermodales de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) Rafael Escutia, que deberá declarar ante del Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona por la trama sospechosa de haber cometido fraude fiscal y malversación de fondos públicos en la ampliación del dique.

Las acciones judiciales parten de una denuncia del propio Puerto de Barcelona que reclama 40 millones de euros al grupo de empresas FCC, Ferrovial, Construccions Rubau y Copisa, por presunta malversación de fondos en las obras del dique este, que se realizaron entre 2001 y 2008.

El ex alto cargo forma parte de los nuevos imputados este mes, que en algún caso ya habían declarado anteriormente como testigos y que ahora se sospecha que tuvieron una mayor implicación tras concluirse nuevos informes de la Agencia Tributaria.

En una providencia la juez cita a declarar a Escutia el 5 de abril, junto a tres personas, entre ellas, responsables de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el dique, formada por las citadas FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial y Copisa.

Para el 6 de abril señala declaraciones para presuntos testaferros de Coterras, principal empresa implicada, y para el día 8 ha citado al jefe de obra de la UTE Dique Este David Espuña y a otros cargos de esta unión de empresas.

Desde el inicio de las investigaciones, la juez ha imputado a casi una veintena de personas entre los responsables de Coterras, testaferros, representantes de la UTE y responsables del Puerto cuando ocurrió el presunto desfalco, entre ellos el director de Obras de la Autoridad Portuaria, Xavier Martí.

Querella

Según se desprende de la querella de la Fiscalía, presentada en junio de 2010 y admitida a trámite el 20 de julio por el Juzgado, el fraude por el que se investiga a responsables de empresas suministradoras de escollera y a la UTE podría ser de 7,4 millones de euros, que corresponden a la compra de piedra a la empresa subcontratada Coterras.

El fiscal sospecha que nunca existieron las 865.000 toneladas de piedra suministradas por Coterras a la UTE del total de 11,6 millones de toneladas que se necesitaron.

Así, considera que, al no existir este material que se facturó, al menos se produjo un delito de fraude fiscal ya que la UTE se pudo deducir el IVA de la compra de esta piedra, por valor de casi un millón de euros en dos años, y se basa para afirmarlo en un informe de la Agencia Tributaria, que ya empezó a investigar a Coterras en 2004, 2005 y 2006.

No obstante, el fiscal también presume que esta trama podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos ya que la UTE facturó a la Autoridad Portuaria hasta 11 millones de euros por esa piedra presuntamente inexistente.

La UTE facturó al Puerto unas explanadas auxiliares por valor de casi 18 millones como si se hubieran construido con piedra de cantera cuando en realidad se utilizaron escombros, un material de coste muy inferior.
En un escrito, la juez asevera que de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil se desprenden indicios "de que la cantidad de 6.394.718 euros abonados por la UTE Dique Este, contratada por la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la empresa Coterras carecían de base alguna al no responder a un verdadero suministro de escollera y suponían un porcentaje de 3,24% del total de las obras encargadas".

Obras de 2001

Las obras del Dique Este se remontan al 5 de septiembre de 2001, cuando la APB adjudicó a la UTE Dique Este el proyecto de ampliación del dique.

Este proyecto se licitó por más de 165 millones de euros --83 financiados por fondos de cohesión europeos-- y dos años después se aprobó un proyecto modificado con un presupuesto ampliado de 197 millones de euros.
Además de la denuncia penal, la APB presentó en septiembre una demanda civil contra la UTE por un presunto fraude de 40,7 millones de euros en las obras de prolongación el Dique Este.
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