Elecciones de Castilla y León: en juego las renovables, un mini-reactor nuclear y una empresa pública de energía
Izquierdas, regionalistas y Vox ponen el foco en los macroproyectos renovables y las plantas de biogás
(I-D) El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante el segundo debate para las elecciones autonómicas en Castilla y León, a 10 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Foto: Photogenic/Claudia Alba / Europa Press
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Las elecciones de Castilla y León ponen a prueba las propuestas en materia energética de los principales partidos. Para bien o para mal, los grandes proyectos renovables se sitúan en el foco de los programas electorales, mientras que los reactores nucleares, el almacenamiento, el hidrógeno e incluso la creación de una empresa pública de energía se encuentran entre las iniciativas más destacadas de todo el espectro político.
Tras las elecciones de Aragón, los comicios castellanoleoneses servirán para medir en clave nacional el rumbo de la política española en los próximos meses.
En cuanto a energía, hay aspectos clave a destacar de las estrategias que plantean los candidatos a estas elecciones en un contexto cambiante y donde los proyectos renovables copan buena parte la atención.
Así por ejemplo, desde el Partido Popular que lidera Alfonso Fernández Mañueco enfocan su política energética al sector industrial de la comunidad.
Además de promover las tecnologías eólica, solar, hidráulica y biomasa, lleva en su programa fomentar el uso de energías renovables como el autoconsumo solar en las nuevas plataformas de suelo industrial y en las ya existentes, para que los polígonos sean sostenibles y más eficientes.
El PP también habla de impulsar el «despegue del almacenamiento energético a gran escala» a través de proyectos de centrales hidráulicas reversibles y sistemas stand alone (baterías).
En esta línea, señala facilitar la «implantación de nuevas industrias» como la de los centros de datos o la fabricación de baterías. Con todo, augura convertir a Castilla y León en una comunidad “business friendly».
Por su parte, el PSOE de Carlos Martínez propone reforzar el papel de Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como centro de referencia en I+D energética, con especial impulso al hidrógeno verde y al almacenamiento.
Su plan apuesta por la transición justa en comarcas mineras mediante comunidades energéticas locales, nuevos parques empresariales vinculados a economía circular y automoción, y la reconversión a «nodo energético y cultural» del entorno de la central nuclear de Garoña, cerrada en 2013 y cuyo desmantelamiento comenzó en 2023.
También plantea impulsar redes de recarga eléctrica e hidrolineras y promover la movilidad sostenible mediante transporte público, electrificación ferroviaria y renovación de flotas y la creación de «polos industriales de reciclaje de baterías» que combinen recuperación de materiales y reutilización para renovables, entre otras iniciativas.
Vox quiere un mini-reactor nuclear y Podemos prohibirlo
Vox lleva en su programa iniciativas relacionadas con la energía nuclear. Por un lado, sigue apostando por «el renacimiento de la industria nuclear nacional», exigiendo al Gobierno ampliar la vida útil de todo el parque nuclear actual.
Asimismo, señala que impulsará la elaboración de un estudio para para «evaluar la posible instalación de un reactor modular pequeño (SMR)» con el objetivo de reactivar económicamente el valle de Tobalina, «gravemente perjudicado por el cierre de la central nuclear Santa María de Garoña».
En el lado opuesto del tablero se encuentra Podemos-Alianza Verde. La coalición morada quiere establecer la prohibición de instalar en todo el territorio de Castilla y León centrales nucleares, «ya sen de diseño antiguo o de nueva generación», así como centras térmicas y de ciclos combinados de gas.
Desde Vox también ponen el foco en la «proliferación de macroparques eólicos y fotovoltaicos» en zonas de alto valor ambiental y carga contra los lobbies de las renovables que, a su juicio, han actuado en connivencia con PP y PSOE y sólo responden a «propósitos especulativos». El partido de Carlos Pollán achaca esta situación a la corrupción política como la «trama eólica».
En esta línea, no es el único partido que pone en tela de juicio el avance de los macroproyectos renovables, sino que las formaciones a la izquierda del espectro político y las regionalistas hacen hincapié en este tipo de instalaciones.
Moratorias o bloqueos para el biogás y otros proyectos renovables
Desde Unión del Pueblo Leonés piden que se eviten los macroproyectos «agresivos» que supongan un riesgo medio o algo para el entorno y señalan que impedirán la implantación de instalaciones cercanas a núcleos urbanos o fuentes de aguas que puedan ser contaminadas o zonas de alto valor ecológico.
«Respecto a las plantas de biogás, consideramos que debe haber una moratoria para que no se autoricen más proyectos mientras no haya una planificación específica», indica el partido.
Esta deberá incluir garantías ambientales, sanitarias, con una distancia mínima de 3 kilómetros a cualquier casco urbano, para protegerse de la «emisión de gases tóxicos, malos olores o contaminación de acuíferos» que, en su opinión, ·podrían ejercer de efecto llamada a la instalación de macrogranjas».
Desde Podemos-Alianza Verde directamente optan por bloquear cualquier macroproyecto energético que «no cuente con una evaluación de impacto ambiental rigurosa» y que amenace la biodiversidad o el paisaje de los territorios.
Izquierdas y regionalistas apuestan por una empresa pública de energía
En casi todos los partidos de izquierdas y regionalistas destaca también la iniciativa de crear una empresa pública de energía. Tanto Podemos-Alianza Verde, como Izquierda Unida, que acude con Sumar, y el partido Soria Ya! son partidarios de tener en Castilla y León una entidad pública.
Desde Podemos señalan que dicha empresa gestionará de forma directa la generación renovable y su comercialización, «asegurando que la energía sea un derecho y no una mercancía, bajando la factura a las familias y pymes de la comunidad», mientras que Soria Ya! indica que el objetivo sería liderar el desarrollo de energías renovables de titularidad pública y fomentar comunidades energéticas locales, especialmente en el medio rural.
Podemos propone además crear «oficinas antiabusos energéticos» en Castilla y León para prevenir y corregir abusos en la factura eléctrica y del gas, así como de «promover la transición energética desde la participación ciudadana y la equidad territorial».
Del partido Unión del pueblo Leonés destaca la propuesta de promover la dotación de una línea específica de subvenciones para la instalación de placas solares en edificios, ya sean residenciales o centros de trabajo, que favorezca el autoconsumo y la sostenibilidad.
