Impuestos cero a la primera vivienda o control de los precios del alquiler: la crisis habitacional marca las elecciones en Castilla y León
El acceso a la vivienda se convierte en uno de los ejes del debate electoral ante el 15-M, con propuestas radicalmente distintas entre los tres grandes partidos que pugnan por la presidencia de la comunidad
Montaje realizado por Economía Digital.
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El próximo domingo, Castilla y León acude a las urnas en unos comicios que, más allá de la habitual pugna por el poder regional, han elevado a primer plano un debate que lleva meses tensando la convivencia en toda España: el acceso a la vivienda.
Aunque la comunidad goza de uno de los mercados inmobiliarios más asequibles del país —con un precio medio de 1.274 euros por metro cuadrado en la vivienda, según datos de Tinsa—, los números no cuentan la historia completa. En el último año, los precios de venta han subido un 8,6% y los del alquiler un 8,2%, dejando claro que la presión del mercado no entiende de geografías.
Con ese telón de fondo, el PP, el PSOE y Vox han desplegado propuestas en materia de vivienda que reflejan visiones del mundo profundamente distintas: desde la rebaja fiscal generalizada hasta el control de rentas, pasando por la liberalización del suelo.
El votante castellanoleonés, especialmente el joven, tiene sobre la mesa tres modelos irreconciliables para afrontar lo que ya se ha convertido en la principal preocupación de una generación.
Alfonso Fernández Mañueco, favorito según todas las encuestas y candidato a revalidar la presidencia, ha centrado su propuesta habitacional en una batería de incentivos fiscales que beneficiarían principalmente a jóvenes y familias que accedan por primera vez al mercado.
La medida estrella es la eliminación total de impuestos en la compra de la primera vivienda habitual para quienes residan en el mundo rural, sin límite de edad, una apuesta que busca atajar a la vez dos problemas: el acceso a la vivienda y la despoblación que amenaza a buena parte del territorio castellanoleonés.
El partido también propone una nueva cuenta ahorro vivienda joven con deducción en el IRPF, ampliar los avales hipotecarios del 17,5% al 20% para quienes acudan al mercado libre y extender hasta los 40 años la edad para acceder a las políticas de vivienda joven, reconociendo que el problema ya no afecta solo a los veinteañeros.
Además, el PP quiere movilizar suelo público en desuso para promover alquiler asequible y poner en marcha lo que denomina una Locomotora de suelo residencial, un portal de información urbanística orientado a atraer inversión privada en municipios de más de 10.000 habitantes.
Es un enfoque que confía en la oferta y en la iniciativa privada como motores del cambio, con la Administración actuando como facilitadora antes que como protagonista.
Carlos Martínez, candidato socialista, llega a estas elecciones con una propuesta que pivota sobre una idea central: la vivienda como derecho subjetivo. El PSOE plantea reconocer legalmente el derecho al hogar para personas sin recursos, lo que supondría una obligación de la Administración autonómica de garantizar el acceso a una vivienda digna en régimen de propiedad o alquiler.
Pero la propuesta que más divide es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, un mecanismo que permitiría aplicar controles de precio sobre los alquileres gestionados por grandes tenedores.
Es una medida que conecta directamente con la Ley de Vivienda nacional y que ha generado una fuerte controversia, aunque los socialistas la defienden como el único instrumento capaz de frenar la escalada de rentas en un contexto de mercado desequilibrado.
El PSOE también apuesta por una prestación económica de 350 euros mensuales para ayudar al pago del alquiler a personas con bajo poder adquisitivo, nuevos avales hipotecarios para menores de 35 años, deducciones fiscales para propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado y la promoción del cohousing y las cooperativas de cesión de uso como alternativas residenciales para todas las edades.
El partido de Santiago Abascal, cuyo apoyo en la cámara puede resultar determinante para la investidura de Mañueco, llega con un programa marcado por dos ejes bien definidos: la reducción drástica de cargas fiscales y administrativas, y un discurso de orden en materia de propiedad privada.
Vox propone liberar todo el suelo que no esté protegido por razones ambientales o de defensa nacional, reducir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5%, bonificar al 100% el ITP en la compra de vivienda habitual e imponer un plazo máximo de tres meses para la concesión de licencias de obra en toda la región, una demanda histórica del sector promotor.
También plantea avales públicos para parejas jóvenes vinculados al número de hijos, una medida que mezcla política habitacional con política natalista.
Pero es en el capítulo de la ocupación ilegal donde el partido marca distancias más nítidas con sus rivales: propone la expulsión de ocupantes en un plazo máximo de 24 horas, excluirlos del acceso a vivienda social y crear un registro histórico de zonas afectadas por la ocupación.
Asimismo, plantea fiscalidades diferenciadas para compradores extranjeros y limitaciones a los pisos turísticos, guiños a un electorado que percibe en ambos fenómenos una amenaza directa al mercado residencial.
La vivienda, el principal problema para los españoles
Lo que las tres propuestas tienen en común es, paradójicamente, el diagnóstico: Castilla y León necesita más vivienda asequible, más movilización del parque vacío y más instrumentos para que los jóvenes puedan emanciparse.
Las divergencias están en el cómo, y son profundas. Mientras el PP y Vox confían en el mercado con distintos grados de intervencionismo fiscal, el PSOE reivindica un Estado más presente, capaz de regular precios y garantizar derechos.
El resultado del domingo no solo decidirá quién gobierna la comunidad. También enviará una señal sobre qué modelo de política habitacional tiene más respaldo popular en una España donde la vivienda ha pasado de ser un problema generacional a convertirse en la fractura social del siglo XXI.
