Llorente despidió a Cuenca el 29 de abril en plena negociación de venta del 40%

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COMUNICACIÓN

19 de mayo de 2011 (00:30 CET)

Olga Cuenca es presidenta ejecutiva de Llorente y Cuenca, la empresa líder en materia de consultoría en España y América Latina. José Antonio Llorente, su consejero delegado. Hace dos años era un bienavenida y exitosa pareja profesional y sentimental. Pero, como todo cambia, el pasado 29 de abril el consejero delegado envió un burofax a la presidenta por el que la despedía “con carácter inmediato”. Esa decisión se produce en el marco de una negociación entre los dos principales accionistas y socios fundadores para que uno de ellos abandone el capital y sus funciones en la compañía. Conversaciones que hoy tendrán un nuevo episodio.

Cuenca y Llorente poseen un 40% cada uno del capital de la consultora. Sus diferencias han producido un bloqueo accionarial con consecuencias incluso en la operativa interna, según ha podido saber Economía Digital.

El conflicto entre ambos fundadores arranca en 2007. Fue cuando se decidió dar entrada a nuevos socios en el accionariado de la empresa. Se incorporaron Alejandro Romero (12,5%); Luisa García (2,5%); Enrique González (2,5%) y Francisco Polo (2,5%). Los dos socios fundadores vendieron ese 20% a precio nominal a profesionales que prestaban sus servicios como responsables de las filiales de México, Perú, España y al responsable financiero. Aunque la compañía argumenta que está formada por 11 socios, en la realidad mercantil sólo son cinco en la actualidad. Polo abandonó el grupo por discrepancias con el consejero delegado y hoy es el director de comunicación de Ferrovial.

No hubo sindicación de acciones

Con motivo de la ampliación del accionariado, los dos socios mayoritarios decidieron reducir su participación del 100% al 80%. Sin embargo, aunque ambos estaban de acuerdo en sindicar sus acciones para consolidar la posición de control, esa operación jamás se formalizó.

Esa fue la primera desavenencia clara entre presidenta y consejero delegado, pero no la única. La ruptura sentimental de la pareja abundó aún más en las diferencias de criterios y estrategias en la alta dirección. Con las espadas en alto, Cuenca se ocupó de reorganizar la filial brasileña durante 2010. El director general en el país carioca había anunciado su renuncia a proseguir en el grupo.

Con una estructura de personal sobredimensionada y las dificultades propias de un nuevo mercado, la presidenta ejecutiva pasó cuatro meses en ese cometido. Logró recapitalizar la deuda que la matriz mantenía con la filial y, de paso, reequilibrar los fondos propios de la subsidiaria para optar a licitaciones en aquel país. El resultado fue la adjudicación de la cuenta de Embratur, la institución pública brasileña de promoción del turismo. Un contrato de 2,5 millones de dólares durante 5 años en honorarios para defender los intereses de esa institutución en España, Portugal y América Latina.

Acuerdo de intenciones

Pero las diferencias entre Llorente y Cuenca no disminuyeron. A finales de 2010 ambos socios expresaron la voluntad de disolver su participación conjunta. El pasado 7 de enero, incluso, firmaron un acuerdo de intenciones por el cual Cuenca vendería a Llorente su 40%. La valoración del precio se dejaba en manos de un asesor financiero independiente y los dos socios pactaban que el precio oscilaría entre un mínimo de 7 y un máximo de 10,5 millones de euros. Pagaderos, según ese acuerdo, un 60% al firmar el contrato y el resto en cuatro años de plazo.

A principios de marzo, Llorente presentó una oferta en firme a Cuenca: estaba dispuesto a pagar 8,5 millones de euros, de los que 1,9 millones se abonarían de inmediato y el resto en cuatro años. La presidenta aceptó el precio fijado, pero reclamó a su socio garantías de cobros de la cantidad aplazada, bien a través de avales bancarios o de otro tipo de cautelas patrimoniales.

Despido cuestionable

Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar. El acuerdo ha quedado en suspenso y la negociación ha tomado tintes rocambolescos. Por ejemplo, el despido de hace unas semanas firmado por el consejero delegado. “Es una decisión que sólo puede adoptar el consejo de administración (como ocurriría con el despido del consejero delegado) (...) decisión que le está legalmente vetada y la doy por no tomada”, aseguraba Cuenca en una carta remitida a buena parte de la plantilla de la empresa a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Eso no fue todo. Fuentes de la compañía han explicado a esta publicación que a la presidenta se le vetó el acceso a las instalaciones, donde acudió con un notario para acreditar ese hecho, y a los servidores informáticos. Desde enero, también se le retiró la remuneración. Medios legales consultados, aseguran que la socia fundadora ha iniciado acciones legales para hacer valer su condición accionarial, laboral y de presidenta asesorada por Uría Menéndez.
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