Mena acusa al tripartito de no avisarle durante el traspaso de poderes “de la difícil situación en Yamaha”

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Más de 400 trabajadores de la compañía defienden en el Parlament la continuidad de la fábrica de Palau-solità i Plegamanas

09 de febrero de 2011 (14:09 CET)

La sesión de control que el Parlament ha hecho este miércoles al president Artur Mas ha empezado con el foco de atención puesto en Palau-solità i Plegamans. El primer miembro del Govern en salir a escena ha sido el conseller de Ocupación y Empresa, Francesc Xavier Mena, para responder a las críticas de la oposición sobre su gestión ante el cierre de Yamaha.

Con más de 400 trabajadores vallesanos manifestándose en el parc de la Ciutadella, Mena ha señalado al tripartito como culpable de la situación actual. Ha reconocido que la empresa ya había informado al president Montilla de los problemas que estaban pasando cuando viajó a Japón en diciembre de 2008. Un aviso que “nadie mencionó durante el traspaso de poderes”.

También cargó contra el anterior gobierno explicando que Yamaha esgrime para no revertir la decisión “la caída del sector de la moto en Catalunya” y que se sienten “ahogados y perseguidos por estándares y normas del uso de ciclomotores en el ámbito rural”. “Y estas normativas tan restrictivas vienen de épocas anteriores”, ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que durante la reunión que mantuvo con la dirección de Yamaha “hicimos presión externa en ejercicio de nuestra autoridad industrial y laboral” para evitar el cierre. A la vez, ha negado vehementemente que aceptaran esta situación. En cuanto al futuro, el ex profesor de Esade ha afirmado que serán duros a la hora de aprobar un ERO “sin ánimos de disuadir a otros inversores que puedan haber en el futuro”. “Seremos muy exigentes en beneficio de los trabajadores de la planta, de las empresas proveedoras y de toda la área territorial”.

Reunión con los grupos

En la puerta del edificio noble, el representante de CCOO en el comité de empresa, Óscar Rivera, recordaba que Yamaha “no es una empresa cualquiera” y que su cierre será un golpe muy duro para la ocupación catalana. Directamente se rescindirán 417 contratos, los de la fábrica de Palau-solità i Plegamans.

Los afectados han defendido que la fábrica catalana genera beneficios y que su cierre responde a una centralización de la producción en Saint Quentin. Unas reclamaciones que ponen encima de la mesa de todos los grupos parlamentarios. Y es que después del la sesión de control, los diputados catalanes se encuentran con el comité de empresa de la factoría para intentar sumar esfuerzos políticos en un intento de cambiar la decisión del fabricante de ciclomotores japoneses.

A lo largo de este miércoles también se volverán a reunir con el conseller Mena.
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